La concordia y la uniformidad de los partidos políticos en la Diputación de Castelló estrenada en noviembre de 2016 a raíz del proyecto de presupuestos y el Plan Castelló 135, vivió ayer una nueva jornada con la aprobación por el pleno de una moción de carácter económico presentada por el partido socialista y respaldada por el PP y el resto de grupos, a excepción de Ciudadanos que optó por la abstención.

En concreto, la moción socialista aprobada por el pleno «insta al Gobierno de España a permitir que las entidades locales inviertan el superávit en 2017, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de un autorización legal para esa reinversión».

Desde la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en 2011, su ejecutivo aprobó la diversos paquetes legales que limitan el gasto de las administraciones y supeditan la inversión del superávit a la generación de nuevos ingresos.

Al mismo tiempo, también se habilitó el Plan de Pago a Proveedores que consiguió subsanar las deudas de las administraciones con las empresas y entre ellas mismas, pues, por ejemplo, la Generalitat adeudaba grandes cantidades de dinero a los ayuntamientos. Una situación que generó asfixia en las cuentas municipales, especialmente en 2012 y 2013.

Al finalizar el ejercicio 2015 y especialmente en 2016, los ayuntamientos de la provincia de Castelló y la propia diputación consiguieron, en líneas generales, cerrar las cuentas con remanentes de suma importancia. Pero la estructura legal sigue vigente y las restricciones al gasto se mantienen firmes.

En este sentido, los partidos difirieron ayer tanto de los méritos por los que se han generado estos remanentes, como de las soluciones y los caminos a seguir.

Así, Castelló en Moviment atribuyó la mejora en las cuentas a los nuevos equipos de gobierno surgidos de las elecciones municipales de 2015. El diputado Iñaki Vallejo aseguró que «el despilfarro se soluciona con unas elecciones» y asumió que «la recuperación ha venido en 2015 a través de los nuevos ayuntamientos».

Por su parte, el ponente de la moción, José Benlloch, explicó que «la administración local es un ejemplo de eficiencia y su deuda alcanza el objetivo del 3% fijado, para el 2020». Por eso, desde el partido socialista argumentaron que la autorización legal para invertir el superávit «minimizaría la asfixia impuesta por el PP».

El portavoz del Partido Popular, Vicent Sales, argumentó que su posición favorable a la moción está en consonancia con el trabajo desarrollado por la Federación Española de Municipios y Provincias para establecer una nueva fórmula de cálculo en la regla de gasto y el techo de gasto. Sales, además, quiso recordar que «las reformas del PP son las que han funcionado» y hacer una loa de la «disciplina financiera».

Del resto de grupos, Compromís, a través de su portavoz Xavi Trenco, secundó la moción y consolidó la 'doctrina Monago' en relación a la deuda, que estableció que se debía premiar a los que gestionaban bien y cumplían y sancionar a aquellos que no.

Ciudadanos, por su parte, se abstuvo asumiendo que la regla de gasto era necesaria por la realidad económica y que la estabilidad financiera era de obligado cumplimiento en virtud de los acuerdos con la Unión Europea. No obstante, la portavoz Cristina Gabarda advirtió, en referencia al PP, que «el tiempo de los recortes y la austeridad ha llegado a su fin».