La Secretaría de Estado de Relación con las Cortes respondió a preguntas del senador por designación territorial, Carles Mulet, que «actualmente «el Gobierno no tiene previsto construir más autopistas o autovías de peaje en la Comunidad Valenciana».
De esta manera, se descarta que el ejecutivo central prolongue la concesión administrativa de la autopista de peaje que discurre entre Alicante y Tarragona y que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Así mismo, también descarta anticipar el rescate de la concesión antes de la fecha estipulada debido a que «la liberación de peaje de un tramo de autopista conlleva siempre unos importantes costes al tener que compensar a la sociedad concesionaria por el restablecimiento de su equilibrio económico y financiero que la administración viene obligada a mantener».
A este respecto, el senador Mulet criticó que el Gobierno se «excusa en tópicos sin aporte de documentación», y añadió que «es obvio que (la liberalización) puede comportar costes, pero nunca nos responden a si estos gastos son menores, iguales o superiores a las actuaciones que se han de llevar a cabo por no rescatar la AP-7, tales como actuaciones en la N-340, desdobles o periodos excepcionales de gratuidad».
En su explicación a las preguntas del senador de Compromís, el estado detalla las modificaciones en las concesiones de las autopistas de peaje que transcurren por la Comunitat Valenciana. En esa documentación, se recuerda el «acuerdo para la reducción de peajes de la concesión» que el ejecutivo liderado por José María Aznar aprobó mediante un Real Decreto en 1997.
Según ese acuerdo, se prolongaba la concesión de la autopista AP-7 a la concesionaria Aumar, a cambio de un descenso en la cuota que los conductores tienen que abonar por circular por la principal vía que vertebra la Comunidad Valenciana.
La contrapartida fue que la empresa gestora alargaba la concesión hasta el 31 de diciembre de 2019, lo que estira hasta los 48 años la duración del peaje de la autopista.
En los últimos meses, el rescate de la AP-7 ha sido motivo de controversia política, sobre todo a raíz de las obras en la variante de la A-7 entre la Vall d'Uixó y Almenara y que generó la demanda unánime por la gratuidad del tramo alternativo.
