La dirección territorial de Medio Ambiente en Castelló está investigando el accidente con un vehículo de la Generalitat de un funcionario adscrito a la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que tuvo lugar el pasado octubre y tras el que el conductor dio positivo por alcohol.

El accidente tuvo lugar el 6 de octubre de 2016 y, según la información facilitada por la Policía Local, ocurrió en la Ronda Norte de Castelló cuando el vehículo que conducía este funcionario por el carril en dirección al Grau se saltó la mediana y colisionó de manera frontal con una farola. Tras el golpe, la luminaría cayó sobre los dos carriles del sentido contrario ocasionando daños en otro automóvil. El coche de la Generalitat, tras girar sobre sí mismo, quedó con graves daños estructurales y encarado hacia el resto de vehículos que circulaban por su carril.

Los agentes de policía informaron que la víctima del accidente, de 55 años, no presentaba heridas de gravedad, aunque sí apreciaron «evidentes signos de estar bajo los efectos del alcohol». Tras hacerle la prueba de alcoholemia, en la que triplicó la tasa permitida, la Policía Local realizó un atestado en el que le imputó la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial.

El vehículo con el que sufrió el accidente es un Nissan Terrano II, de color blanco, adscrito a la dirección territorial de Medio Ambiente de Castelló y del que, según informó la conselleria, se está tramitando la baja en tráfico porque «no es recomendable su reparación, puesto que se encuentra afectado el chasis, la carrocería y partes mecánicas, y no queda garantizada su total reparación».

En este sentido, la dirección territorial de la conselleria recibió esta misma semana un informe procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de Castelló en el que se detalla que «el procedimiento incoado en virtud de Atestado de la Policía Local de Castelló se halla denunciado el funcionario se encuentra en trámite».

Al respecto de las posibles consecuencias administrativas que se pudieran determinar sobre los hechos la consellería apuntó que «tan pronto se disponga de toda la información necesaria, la dirección territorial propondrá a la Subsecretaría la incoación de expediente disciplinario al funcionario para la determinación de las presuntas responsabilidades y propuestas de sanciones que, en su caso, fuesen de aplicación por los hechos reseñados».

La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, establece en su Título X el régimen disciplinario aplicable a los empleados públicos, quienes incurrirán en responsabilidad disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, y que en el ejercicio de sus funciones realicen actos o conductas tipificadas como falta.

Según apuntó la conselleria, la citada conducta pudiera estar tipificada como falta grave en el artículo 142 que se refiere a acciones en las que se hayan causado daños en el patrimonio de la administración siempre que no constituya falta muy grave. En este sentido, la ley establece como falta muy grave «el consumo de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que, en el ejercicio de sus funciones, ponga en peligro la integridad física de otras personas».

La misma ley establece que por faltas muy graves se podrá imponer la separación del servicio, la suspensión de funciones y retribuciones por un periodo de entre tres y seis años, el traslado forzoso o el demérito, que impediría, entre otros aspectos, la prohibición de ocupar puestos de jefatura, por un periodo de entre dos y cuatro años.

La gravedad del incidente adquiere más relevancia por la consideración de exalto cargo que tuvo el ahora investigado por un delito contra la seguridad vial. Se trata de Jorge Traver, que fue director territorial de la conselleria de Medio Ambiente de Castelló entre los años 2007 y 2015, designado por los gobiernos al frente del Consell de Francisco Camps.

Traver fue imputado en 2011 como responsable de la concesión de licencias para la práctica del parany, pero la causa fue archivada al considerar la Audiencia Provincial de Castelló, aunque la magistrada solicitó que se investigara la concesión de dichas licencias para comprobar si se ajustaban a la normativa.