Vila-real se enfrenta al riesgo de tener que pagar 4.045.000 euros en expropiaciones urbanísticas de acuerdo con la última resolución del jurado de expropiaciones de la provincia de Castelló, que hace referencia a un total de 13 expedientes iniciados por vecinos de la localidad que en su día vieron cómo el ayuntamiento ocupaba sus terrenos para realizar obras públicas sin que se produjera una adquisición de su propiedad.

Así lo denunció el alcalde, José Benlloch, que volvió a insistir en que esta amenaza económica es consecuencia «del modelo de ciudad del Partido Popular» que consistía en «hacer obras para inaugurar y hacerse fotos, pero sin pagar nada a nadie». En concreto, como explicó Benlloch, algunos de estos expedientes harían referencia a proyectos como el aparcamiento construido en la avenida de Francia, junto al puente de La Gallega, por el que los propietarios reclamaban 3 millones de euros; por un solar afectado por el desdoblamiento de la carretera de Onda, el afectado exigía el pago de casi 600.000; o el caso del jardín de Jaume I, en el que se vieron implicados 11 propietarios, la petición de dos de los cuales se incluye en esta misma resolución y que pedían 924.000 €.

El alcalde explicó que dentro del inconveniente que el pago de estas expropiaciones supondrá para el consistorio, se ha conseguido mitigar las consecuencias económicas dado que el conjunto de los propietarios exigían ante el tribunal de expropiaciones un total de 12.045.000 €. Aunque reconoció «el derecho de los afectados por cobrar por sus terrenos», Benlloch dijo que desde el ayuntamiento «hemos defendido que no se puede pagar por el suelo el dinero que costaba en aquel momento». En este caso el tribunal de expropiación ha aceptado los argumentos municipales, reduciendo ostensiblemente el total a pagar.

Con todo, José Benlloch recordó que si todos los aceptados aceptaran la resolución «tendríamos un plazo de seis meses para pagar», aunque también existe la posibilidad de que no estén de acuerdo y presenten recurso, por lo que las cantidades totales podrían variar. Sea como sea, el alcalde puso el acento en el hecho de que esta es solo una parte de las consecuencias que puede comportarle a la ciudad la tramitación de otras denuncias y reclamaciones, tanto por vía administrativa, como ante los tribunales, que en su día se cuantificaron en un riesgo de 231 millones de euros.

Sobre la forma de pago de estas expropiaciones, sobre las que ya hay una primera resolución, el alcalde no descartó la posibilidad de recurrir a un préstamo, después de «negociar con los afectados para facilitar el pago». En cualquier caso descartó que esta situación vaya a provocar nuevos recortes, como los que el equipo de gobierno aplicó en el segundo semestre del año. Aunque reconoció que «este es un nuevo momento de dificultad», también argumentó que «en la ciudad hay infraestructuras pendientes, hay que continuar haciendo cosas para que Vila-real avance».

Así, según José Benlloch, el primer paso era discutir el precio de expropiación y el segundo será «buscar fórmulas para no tener que pagarlo todo de golpe», aunque todo dependerá de la postura que adopten los afectados.

A pesar de este panorama, el alcalde fue contundente a la hora de defender su modelo de ciudad que calificó de «absolutamente viable» y

el único obstáculo, desde su punto de vista, para poder desarrollarlo de manera más efectiva «es que estamos pagando el empastre del modelo urbanístico del Partido Popular».

La defensa de los populares respecto a este tipo de noticias siempre es la misma: aducen que el equipo de gobierno está pagando las consecuencias de seguir rechazando la modificación del PGOU para dar salida a los conflictos urbanísticos que ahora se transforman en sentencias judiciales. A este respecto, Benlloch aseguró que «yo no voy a engañar a los vecinos como hicieron ellos, que idearon una ciudad de 180.000 habitantes» en un plan que fue rechazado por inviable por el gobierno del P