La semana pasada finalizó el plazo de presentación de candidaturas para ocupar la dirección de Culturarts en Castelló, pero una cláusula de confidencialidad que utiliza la conselleria de Cultura y que no está validada por la dirección general de Función Pública impide conocer el listado de candidatos.
La cláusula establece que solo se hará público «exclusivamente el nombre del candidato que resulte seleccionado» y asegura que «todas las personas e instituciones públicas implicadas en el proceso de selección de candidatos se comprometen a garantizar la absoluta confidencialidad de todos los datos personales y profesionales de estos, asegurando que la participación de los no seleccionados se mantendrá en el estricto ámbito del conocimiento y valoración de la respectiva comisión de valoración».
Desde el gabinete del conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, se asegura que esta cláusula «garantiza» la transparencia del provecto. Es más, insisten en que no conocen quien forma parte de las candidaturas y ese desconocimiento impide que se influya en favor de un candidato u otro.
Sin embargo, esta cláusula no apela en su tenor literal a ninguna ley o decreto, porque, según aseguran las fuentes consultadas, no tiene respaldo normativo. De hecho, solo se utiliza en sector de la gestión cultural. De esta manera, la disposición la utilizan diferentes organismos dependientes de administraciones de todos los niveles para designar personal encargado de la dirección artística o de centros culturales.
Así, por ejemplo, transcrita de manera literal esta cláusula fue utilizada por el Ministerio de Cultura para nombrar al director de la Biblioteca Nacional de España en 2015; el Instituto Nacional de Artes Escénicas la dispuso en su proceso de candidaturas para ocupar la dirección del Centro Dramático Nacional en 2011 e incluso el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo la reflejó en su proceso para la dirección formalizado en 2009.
Por su parte, la conselleria que dirige Vicent Marzà la ha incluido en todos los procedimientos para renovar la cúpula de la gestión cultural en la Comunidad Valenciana.
En concreto, fue reflejada en el proceso para elegir al director general del Instituto Valenciano de Cultura y para renovar al gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, y ahora ha sido incluida para la designación de las unidades territoriales de Castelló y Alacant, así como para la convocatoria para proveer por libre designación a los cargos que han de ocupar las direcciones adjuntas de artes escénicas, audiovisuales y cinematografía, y de música y cultura popular valenciana.
La dirección general de Función Pública, sin embargo, no valida esta cláusula y apunta que las convocatorias de Cultura que la incluyen han provocado roces entre ambos departamentos. En concreto, se desvincula de la convocatoria para las unidades territoriales y asegura que se trata de un nombramiento temporal.
