La conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Diputación de Castelló interpretan esta mañana en el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló una nueva batalla de su particular guerra política, que libran desde las elecciones municipales de 2015 y que tiene como escenario el centro sanitario.
En esta ocasión, la iniciativa táctica la marca la diputación, después de que el presidente Javier Moliner forzara la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario. Los delegados de la diputación registraron la petición después de que Javier Moliner anunciara, en exclusiva y tras un pleno de la corporación con todos los medios de comunicación presentes, que el juzgado de lo social número 2 de Castelló había dictado una sentencia que declaraba nulo el despido de una bióloga y obligaba al Hospital a readmitirla e indemnizarla.
Los vocales de la diputación solicitan «la revocación del acuerdo adaptado en el punto 10 de la pasada sesión del 25 de octubre de 2016, con la consecuente e inmediata readmisión de los trabajadores despedidos». Este punto se refiere al acuerdo mediante el que la conselleria de Sanidad ofrecía una solución al problema estructural de temporalidad de la plantilla del Hospital Provincial.
Para completar el escenario, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló pidió ayer a la alcaldesa Amparo Marco, vocal del consejo propuesta por Sanidad que «vote a favor de la anulación del acuerdo que propició los despidos».
Tras ese acuerdo se crearon 109 plazas estructurales en el centro, que ocupan su puesto de manera interina porque no se ha convocado la oferta pública de empleo y se amortizaron 26 plazas y se despidió a 17 personas. De ellas, una bióloga obtuvo una sentencia favorable que declaró nulo el despido y otras 7 llegaron a una conformidad con la dirección del centro para que su despido fuera declarado improcedente y fueran indemnizadas.
En este punto, fuentes jurídicas consultadas apuntan a que de revocarse el acuerdo del 26 de octubre del que nace el despido como pide la diputación se crearía un conflicto legal de dimensiones considerables.
Expediente informativo
Forzada a convocar el Consejo de Gobierno extraordinario porque así lo mandatan los estatutos, la conselleria de Sanidad ha intentado minimizar los daños a su actuación que ha supuesto la nulidad y la improcedencia de los despidos con la investigación sobre las facturas supuestamente irregulares se sigue en la Fiscalía de Castelló. Esta misma semana los interventores de la Generalitat que colaboran con la justicia desde casi el inicio de la causa se han personado en el centro para contrastar documentación de expedientes y contratos.
Así mismo, en el orden del día del Consejo se ha incluido un punto en el que se pide «la apertura de un expediente informativo sobre la facturación irregular del periodo 2003-2015» y el nombramiento de un instructor de ese expediente. La denuncia inicial sobre las facturas se presentó el 15 de junio de 2016, en plena campaña electoral.
