La consellera de Sanidad, Carmen Montón, asumió ayer que en la hoja de ruta planeada por su departamento en relación al Hospital Provincial de Castelló se contempla que sea la justicia quien reconozca los derechos adquiridos por la plantilla tras la concatenación atávica de contratos temporales.
Al igual que otras agencias dependientes de la Generalitat, como Culturarts -que absorbió Castelló Cultural- o la Agència Valenciana de Turisme, el Hospital Provincial se enfrenta a un problema laboral de considerables dimensiones.
Parte de la plantilla no superó ninguna oposición ni convocatoria pública para acceder a su puesto de trabajo. Pero, la acumulación reiterada de contratos temporales en puestos necesarios pero no estructurales en la relación de puestos de trabajo ha derivado en la generación de una serie de derechos laborales que la justicia está reconociendo y que lleva a consolidar esos contratos como personal laboral indefinido no fijo.
De hecho, ese es el origen del conflicto: la excesiva temporalidad de la plantilla, que detectó la auditoría de la conselleria de Hacienda sobre el ejercicio 2012 y terminó con un laudo del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana en 2014 por el que se ordenaba estructurar 124 puestos.
Ese laudo se emitió el 20 mayo de 2014 y no fue hasta septiembre de 2016, tras la consolidación del cambio político en la conselleria y por extensión en el centro hospitalario, cuando se acometió la estructuración de la plantilla.
Para ello, el hospital encargó un informe técnico a la Universitat Jaume I que determinó, a grandes rasgos, que se debían crear solo 109 plazas estructurales y despedir a 17 profesionales cuyo puesto no se consideró necesario. Cabe apuntar que algunas plazas estaban vacantes y, por tanto, su amortización no afectó a ninguna persona.
Los trabajadores despedidos denunciaron su situación y la justicia ha dictaminado que en el proceso de despido la dirección del centro ha vulnerado derechos fundamentales. De hecho, el caso de una bióloga, cuyo despido ha sido declarado nulo y que será readmitida este lunes 13 de marzo, ha creado jurisprudencia.
Por eso, ante el rosario de denuncias, la dirección optó por llegar a acuerdos judiciales en los que reconoce por un lado la improcedencia del despido y por otro, la consolidación de los derechos adquiridos por los trabajadores derivados de la acumulación de contratos temporales.
En este punto, más allá de la situación particular de las 17 personas despedidas, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, indicó ayer en referencia al conflicto de la temporalidad que «esta es una transición que hay que pasar; los trabajadores tienen derechos adquiridos aunque sus contratos sean irregulares o en fraude de ley; por lo que vamos a intentar compaginar volver a traer la legalidad al consorcio y resarcir el agravio que puedan tener los trabajadores que se han visto perjudicados por la herencia de esa mala gestión de otros equipos».
Es más, preguntada específicamente si el camino de los trabajadores para ver reconocidos sus derechos de manera individual pasa por la vía judicial, Montón asumió que «ese es el camino».
Los sindicatos, que ayer se reunieron con la consellera antes del Consejo de Gobierno del consorcio, reiteraron sus quejas por la falta de negociación en el centro, como recogen las sentencias judiciales. CSI-F «reprobó» la política de personal que «practica la dirección del centro» y CCOO, que organizó una protesta en la entrada del hospital, pidió «renegociar el Plan de Recursos Humanos como marca la normativa y se readmita a los compañeros».
El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, que ocupa la vicepresidencia del consorcio, manifestó a este respecto que «hemos descubierto que lo que no eran ilegales eran los contratos, sino los despidos; porque cuando un despido se declara nulo es porque el contrato es legal».
El Consejo desestimó ayer revocar el acuerdo del que nace la creación de las plazas tras una reunión «forzada» por Moliner.
