La Unió de Llauradors i Ramaders teme que el conflicto entre los agricultores ecológicos de Castelló y las Comunidades de Regantes termine en los juzgados. La falta de determinación de la conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a la hora de modificar las bases reguladoras sobre el fomento de la utilización racional del agua en aprovechamientos hidraúlicos y regadíos, cuya resolución para 2017 apareció publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGCV) el pasado 28 de febrero, añade más incertidumbre a propósito de la polémica y deja en una situación de indefensión a aquellos productores contrarios a utilizar la fertirrigación comunitaria en sus cultivos.
El secretario general de La Unió, Ramón Mampel, cree urgente una mediación de la administración autonómica. De lo contrario, «una agricultura diferenciadora como es la ecológica puede desaparecer», precisa.
«Sobre todo en La Plana, hay cada vez más agricultores ecológicos, que necesitan agua limpia para regar, porque además así se lo exige el certificado de calidad. Si no damos una solución, gente joven que ha decidido volver al campo se marchará», explica.
En este sentido, Mampel lo tiene muy claro y advierte de que «la Generalitat debe actuar como árbitro, sentando a todas las partes para llegar a un acuerdo mediante una negociación».
Y es que, como explica el propio secretario general de La Unió, el origen del enfrentamiento está en la calidad del agua. Los agricultores ecológicos reclaman regar sus campos sin ningún tipo de fertilizante añadido, mientras que las Comunidades de Regantes consideran imprescindible la fertirrigación para mejorar la productividad y rendimiento de sus cultivos. «Son posiciones muy alejadas, pero se puede dar una solución», asegura Mampel.
Constantí Ortells, responsable de agricultura ecológica de La Unió, califica de «injusto» el desamparo del colectivo y alerta que «las explotaciones se ven actualmente abocadas a la desaparición». Ante esta situación, apuesta por que «Conselleria garantice la libertad de los sistemas productivos y la elección de los comuneros», asevera.
Cuantificar en la provincia de Castelló tanto el número de agricultores como la superficie destinada a cultivo ecológico resulta complejo para la asociación agraria dada la diversidad existente, con predominio de los cítricos. Sin embargo, sí que existe una constatación de que cada vez son más los consumidores que reclaman productos cultivados de manera totalmente natural. No les importa pagar el doble o el triple del precio convencional, siempre que los alimentos tengan el certificado de calidad que acredita el CAE (Comité de Agricultura Ecológica).
El secretario general de La Unió pone como ejemplo a un agricultor de Vila-real, con notables beneficios, «al estar vendiendo la hernandina a granel a 70 céntimos, un precio muy por encima de lo que determina el mercado convencional».
