Fernando Ntutumu-Sanchis
El pasado 26 de febrero, Valencia fue escenario de una manifestación a favor de la acogida de personas desplazadas. Yo fui, además, para pedir que la acogida se dé en condiciones de respeto a la dignidad de las personas. Concentrarlas en campos destruye la dignidad del proyecto europeo y la nuestra como ciudadanía del mismo. Debemos acoger, no concentrar. Hay razones legales y morales para hacerlo.
Si atendemos a los motivos de carácter legal, no hay vuelta de hoja: la UE y, por tanto, España, están comprometidas con el derecho al asilo, a través de la legislación internacional en la materia; por tanto, cada segundo que pasamos sin cumplirlo, nuestros Estados están violando la ley. Mi maestro en esto de los derechos humanos, el catedrático de Filosofía del derecho y filosofía política, Javier de Lucas, suele resaltar el hecho para que no se nos olvide: a diferencia de otros debates, el del refugio no es uno que se deba instaurar, en primera instancia, en el terreno de lo moral, sino en el de los derechos consolidados.
Hay también razones morales, aunque no debamos olvidar que, como dijo el mencionado profesor, situar este debate en el campo de la moral es peligroso porque abre la puerta a la discrepancia. Hace pensar que los derechos y los deberes son opinables, cuando no lo son. Sin embargo, incluso ante este debate hay motivos para una mayor acogida de desplazados. ¿Por qué? Son muchos los motivos, pero el que deseo destacar aquí es principalmente uno: porque la sociedad lo está pidiendo. Lo vemos en las últimas manifestaciones. Lo vemos en la gran presencia de colectivos civiles españoles en las zonas de conflicto donde Frontex hace la guerra contra las personas y propicia la muerte de miles de personas en el Mediterráneo (según la OIM, se ha registrado la muerte de al menos 362 personas en 2017).
Lo vemos también en la política institucional y, principalmente, en el ámbito local y regional, con iniciativas simbólicas (como las pancartas en fachadas de edificios públicos) y ejecutivas (como el plan de acogida de la Generalitat Valenciana lamentablemente bloqueado por el Gobierno del Estado). Y lo vemos, también, en las estadísticas: según la Encuesta Social Europea, en torno al 60 % de la población española tenía, en 2016, actitudes favorables a una mayor permeabilidad de las fronteras españolas ante los demandantes de asilo.
Por tanto, los gobiernos europeos deben facilitar la acogida por ley y por aclamación popular; tomarse en serio la reubicación y el reasentamiento de las 17.337 personas con las que España se comprometió en septiembre de 2015; y, como mínimo, alcanzar las tasas europeas de aceptación de solicitudes. ¿Y después qué? Después tendremos que pedir que se facilite la solicitud de protección en embajadas y consulados en país de origen, contiguos y fronteras de la UE. Será también necesario propiciar pasajes seguros de escapatoria y, tal como recomienda el politólogo y filósofo Sami Naïr, impulsar visados humanitarios que les permita transitar por el mundo. Es imprescindible que no tengan que viajar miles de quilómetros para salvarse. Es imprescindible que no tengan que lanzarse al agua para hacer oír sus gritos de socorro. Es imprescindible que todo esto no siga formando parte, parafraseando el título del último libro de De Lucas, del naufragio de Europa.
Juan García Rubio
Cambio de gobierno, cambio de ley educativa. Esta frase resume perfectamente lo que ha sucedido en España en los últimos treinta años. Si ha habido una queja unánime y permanente en el tiempo en España, ésta ha sido la falta de estabilidad en las leyes educativas. Cada nuevo ministro de Educación creía tener la solución mágica para acabar con los muchos problemas que presentaba el sistema educativo español, y por lo tanto legislaba una reforma educativa. Con la llegada de la nueva legislatura, a finales de 2016, se creó una subcomisión en el Congreso de los Diputados encargada de redactar un documento que sirviese al Gobierno para legislar una futura ley educativa fruto del consenso. Con la falta de mayorías políticas claras en el Parlamento español parece ser que se ha abierto la posibilidad de llegar al tan necesario pacto educativo, haciéndose de la necesidad virtud.
El Gobierno se puede equivocar si tan sólo busca un pacto político entre partidos, pues aunque éste es muy importante, no lo es menos el pacto social e incluso el territorial; la mayoría de las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas. Si las asociaciones de padres y madres, y del alumnado no logran también llegar a acordar las cuestiones que más enfrentamientos dialécticos provocan en la sociedad, se legislará una nueva ley con escaso apoyo social. Además, resulta imprescindible el convencimiento por parte de los profesores y profesoras de que los cambios introducidos son necesarios y positivos para combatir los males que aquejan al sistema educativo. Sin el apoyo del profesorado, es imposible que una ley educativa acabe plasmándose en el día a día de las aulas. Los profesores, como dice la pedagoga Beatrice Ávalos, son los verdaderos «reconstructores de las reformas» y sólo si participan de una manera intensa en el proceso de acuerdo interiorizan los cambios convencidos de su conveniencia.
Uno de los primeros comparecientes en la anteriormente mencionada subcomisión para el pacto educativo fue el exministro Ángel Gabilondo. Nunca se estuvo tan cerca de un consenso absoluto -político y social- en educación como durante su etapa ministerial, siendo el principal enemigo de aquel frustrado acuerdo de 2010 la cercanía de unas elecciones generales que presagiaban un cambio político con mayoría absoluta. Por lo tanto, la cuestión temporal es sumamente importante, es el ahora o nunca. Si queremos llegar a una ley educativa consensuada tenemos que hacerlo antes de que se vislumbre en el horizonte cualquier tipo de elecciones. Tenemos que buscar el acuerdo de una forma incansable, pero siendo conscientes de que éste será mucho más factible al principio de la legislatura. Para ganar tiempo sería muy positivo partir de una base sólida, de aquel acuerdo de hace menos de siete años que, aunque no se llegó a firmar por motivaciones políticas, sí que aunaba la totalidad de las voluntades del momento. Como diría el propio Gabilondo, habría que pensar menos en elecciones y más en generaciones. Si hay algo que merece un pacto es la educación.
