El Gobierno municipal de Castelló llevará al pleno una iniciativa para pedirle al Gobierno que amplíe el periodo en el que el Ayuntamiento puede reinvertir el superávit de 2016. El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dificultará que se destinen los remanentes municipales a financiar nuevas inversiones y obligará a amortizar la deuda bancaria.
«El Ayuntamiento de Castelló no puede estar atado de pies y manos para aprobar nuevas inversiones. Hemos realizado una gestión económica eficaz y tenemos unas cuentas sostenibles. Por eso, no entendemos que se nos quiera castigar con una restricción que impedirá ejecutar inversiones dirigidas a crear empleo», afirma la alcaldesa, Amparo Marco. «Queremos más sensibilidad y más flexibilidad hacia los ayuntamientos».
El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado limita a 2017 el periodo para contratar las denominadas inversiones financieramente sostenibles. El presupuesto no entrará en vigor hasta junio, como pronto, lo que hará inviable que pueda aprobarse la contratación de los proyectos de obra antes del 31 de diciembre. Los trámites para la licitación y adjudicación de los proyectos supera, por lo general, el periodo de seis meses.
La declaración institucional presentada por los grupos municipales del PSPV y Compromís propone al Gobierno central que las inversiones con cargo al superávit se puedan contratar y ejecutar también en 2018. Por otro lado, se solicita que el Ayuntamiento tenga más autonomía para reinvertir una parte del superávit en gasto social y en creación de empleo. «El único condicionante que debería poner el Gobierno es que no se ponga en riesgo la estabilidad económica municipal», añade Marco.
«Las decisiones del Gobierno impiden que los castellonenses vean mejorada su calidad de vida. Es muy difícil explicar a la ciudadanía que no podemos atender sus demandas, a pesar de contar con recursos para ello», afirma la alcaldesa.
Las entidades locales son la única Administración pública que cumple con los objetivos de estabilidad fijados por Europa. En 2016, los ayuntamientos españoles generaron un superávit de 7.083 millones de euros.
