Un centenar de taxistas tomaron ayer el centro de Castelló para protestar contra el alquiler de coches. La movilización fue convocada al unísono en diferentes ciudades de España.
En Castelló fue organizada por las cuatro asociaciones principales del sector de la provincia de Castelló. A nivel de la Comunitat Valenciana el paro se cifró, según los colectivos, en un 90 % de seguimiento.
La caravana de taxis realizó un recorrido que empezó y finalizó en la plaza María Agustina y que discurrió por Gobernador, Borrull, Casalduch, Orfebre Santalinea, Herrero, la paz y Mayor. La protesta coincidió en una de las horas puntas del tráfico. En María Agustina entregaron un escrito con sus reivindicaciones en la Subdelegación del Gobierno para que lo remita al Ministerio de Fomento.
En la Comunitat Valenciana convocan la protesta la Confederación de Autónomos del Taxi -la asociación mayoritaria-, la asociación Gremial, la asociación Empresarial, Élite Taxi, USO Taxi y ATCV, que representan a la práctica totalidad de los taxis de la región.
Con este paro, los taxis pretenden instar al Ministerio de Fomento a solucionar la «concesión indiscriminada» de las licencias de vehículo con conductor, y a hacer una aclaración o modificación del reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, según la cual solo puede haber una VTC (Vehículo con conductor) por cada 30 taxis, proporción que no se respeta en la actualidad.
En el escrito dirigido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, las asociaciones le trasladan las peticiones surgidas del I Congreso Nacional del Taxi de España celebrado el pasado 6 de abril en Madrid, entre ellas que las licencias VTC tengan un epígrafe fiscal distinto al del taxi, que el IVA sea del 21 % como artículo de lujo y un marco normativo propio.
También reclaman que desaparezca la «habitualidad» que permite a las VTC realizar hasta el 20 % de los servicios fuera de su comunidad autónoma, y piden mantener una reunión con el ministro. Solicita que la actividad del taxi tenga una consideración de servicio público y se reconozcan sus enfermedades profesionales.
