El informe de Castelló en Moviment subraya que la comisión de investigación ha constatado un «uso fraudulento» en la gestión de fiestas y culpa a los anteriores gobiernos del PP de la «trama» de irregularidades en la Junta que presidía Jesús López. CseM sostiene que las antiguas corporaciones, en las que los populares tenían la mayoría absoluta, avalaron las cuentas del ente festero.
La formación municipalista remitirá al resto de grupos que integran la comisión de investigación las conclusiones que ha realizado en base a la documentación recabada y a las comparecencias de exregidores, técnicos municipales y del expresidente de la Junta de Festes. La comisión ha analizado la gestión festera desde 2008 a 2016, centrando especialmente el foco en los años de la vieja Fundació de Festes, etapa en la que Jesús López fue presidente de la Junta y el PP ostentaba la alcaldía. Los representantes de cada partido se reunirán la semana que viene para intentar consensuar una declaración. Castelló en Moviment, que instigó la constitución de la comisión, achaca a la mayoría absoluta del PP la «degeneración» de la estructura de fiestas.
Los populares subrayaron en la comisión que la vieja fundación nació en 1988 en el mandato del socialista Daniel Gozalbo y con el acuerdo unánime de la corporación de entonces. Castelló en Moviment explica que en dicho año se pactó que la Junta de Festes pudiera desarrollara las fiestas «sin intervención política, que su presidencia se renovara cada dos años para garantizar la transparencia; que hubiera una contabilidad pública afinada, y una contratación controlada por la Administración delegando tan sólo aquellos contratos de menos de 6.000 euros en la Junta».
Con los ejecutivos del PP, resalta CseM, se «pervirtió aquello que se ideó en un principio». «Al no establecerse las garantías reclamadas por los técnicos en sus inicios llegó la etapa del Partido Popular donde se aprovechó esa carencia para hacerse uso y abuso de un sector tan influyente como es el de la fiesta», sostiene.
Según la agrupación municipalista, «la Junta de Festes mantuvo al mismo presidente durante 13 años favoreciendo la corrupción, se alejó el funcionamiento de la fundación y el dinero público del control del ayuntamiento en base a que la fundación era una entidad privada y no estaba sujeta al control del sector público; el consistorio asumió gastos necesarios para las fiestas que no computaban en el presupuesto; y se traspasó todo el poder de contratación a la Junta, concretamente a su presidente, saltándose el límite de 6.000 euros inicial».
CseM remarca que los técnicos reclamaron garantías de funcionamiento de la fundación al «no hacerse responsables de la liquidación del presupuesto»; una circunstancia, añade, que «traspasa la responsabilidad a los políticos que ratifican cualquier posible actuación fraudulenta». Así, la agrupación culpa al anterior patronato de la fundación, que ratificaba el presupuesto y la liquidación de fiestas y estaba formado por los grupos políticos.
En los años que investiga la comisión el PP tenía mayoría absoluta, recuerda CseM. EU fue la primera formación que en la anterior legislatura demandó un mayor control en fiestas.
