El Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón ha condenado al exalcalde de Alcora Javier Peris (PSOE) y a cuatro concejales del equipo de gobierno en 2004 a cinco años de inhabilitación para empleo público por prevaricación administrativa.
El juez les considera autores de un delito de prevaricación administrativa por irregularidades cometidas en la adjudicación del contrato para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, según informaron ayer fuentes del TSJCV en un comunicado.
Según el relato de hechos probados, Javier Peris, alcalde del municipio en 2004, decidió iniciar la elaboración de un nuevo PGOU para Alcora junto a otros cuatro concejales del equipo de gobierno: Beatriz Gil Pastor, María Carmen Sancho Andreu, Fernando Bou y María Isabel Albella Montoliu.
El alcalde y esos ediles organizaron un plan para lograr la adjudicación de la elaboración del PGOU a una empresa concreta, ANFAB SL.
Lo hicieron, señala la sentencia, «ignorando los intereses públicos que tenían a su cargo y persiguiendo anteponer el contenido de su voluntad a cualquier otra consideración». El fallo explica que los ediles «perseguían única y exclusivamente dotar de apariencia de legalidad y rigor a dicha decisión y excluir a cualesquiera otros competidores».
El juez recuerda que en mayo de 2007 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón anuló el Decreto de alcaldía de Alcora por el que contrataba los servicios de consultoría y asistencia en la elaboración del PGOU con la primera empresa, y se lo adjudicaba a otra mercantil candidata, por inadecuación del objeto social de la primera.
Hacerlo «lo más rápido posible»
Durante el juicio, Peris señaló que se dispuso a iniciar las actuaciones a fin de aprobar un nuevo PGOU porque era la «promesa estrella», y que entendía que por ello debía hacerse «lo más rápidamente posible».
Asimismo negó «de forma tajante» conocer a ninguno de los integrantes de las mercantiles que concurrían, y también haber dado indicación alguna a la arquitecta municipal en favor de una u otra.
Sin embargo, argumenta el juez, los medios de prueba practicados en la vista "evidencian de forma clara que los acusados arbitraron una serie de actuaciones orientadas a eludir los controles que conforman el procedimiento administrativo aplicable al caso».
