Durante la primera mitad del siglo XIII, las Cartas Pueblas conformaron el cuerpo jurídico de muchos de los municipios de la actual provincia de Castelló. En ellas, el rei En Jaume I favorecía la población de un territorio mayormente deshabitado, aunque ya existían núcleos importantes como Morella o Borriana. A su vez, cumplía los compromisos de expansión adquiridos con los nobles aragoneses y catalanes que le acompañaban en la conquista. Los principales privilegios consistían en derechos de instalación de infraestructuras en incentivos fiscales para su explotación diferenciados del resto del reino.

En el I Foro Contra la Despoblación Rural celebrado este viernes en la Diputación de Castelló, casi todos los ponentes interpelaron a las administraciones para concretar estas medidas de «discriminación positiva», como apuntó el presidente de la diputación, Javier Moliner.

De hecho, el director de la Oficina de Desarrollo Rural de la Diputación de Teruel, Luis Miguel Muñoz, apeló directamente a la recuperación de los términos de las cartas de población. «En estos momentos, vengo reivindicando una Carta Puebla, como sistema fiscal de incentivos que dé la posibilidad de fijar población al territorio». No obstante, el delegado de la diputación de Teruel, que no dedicó más que un minuto al diagnóstico de la despoblación por entender que ya se ha superado esta etapa, adujo la necesidad de encontrar funcionalidades a los municipios que sufren la despoblación y apuntó hacia la línea medioambiental como posible solución de futuro «porque todos estamos muy preocupados por la capa de ozono y los residuos, pero el pulmón regenerador está en nuestro territorio, por tanto, pongámoslo en valor».

En este sentido, el alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés repitió en las alocuciones tras el debate la petición de que se cuantifique el retorno económico de los recursos aportados por el territorio y además, indicó como una oportunidad la creación de entornos que propicien el retorno del talento emigrado para formarse.

En este sentido, el presidente de la diputación Javier Moliner, se unió a la demanda de actuaciones urgentes y espetó que «las instituciones, cuando hay una iniciativa en un municipio, lo que tenemos que hacer es no complicar la vida y no molestar». Moliner también mentó los incentivos fiscales, pero además aportó iniciativas como al fomento del empleo como herramienta tractora del desarrollo económico, la diversificación sectorial para consolidar población y la mejora de las comunicaciones en la variante de las tecnologías de la información.

Por su parte, el delegado territorial de presidencia de la Generalitat, Adolf Sanmartín, reiteró los términos de la puesta en marcha de la comisión para coordinar las políticas por parte del Consell y anunció la creación del estatuto del municipio afectado por la despoblación para que la administración valenciana pueda incidir en el tramo autonómico del IRPF.

Por último, la Comisionada para el reto demográfico del Gobierno de España, Edelmira Bareira, desgranó los ejes prioritarios de la estrategia nacional contra la despoblación y confirmó que este problema estructural ya está en la agenda nacional.