Los primeros datos del proceso de regularización de los datos del Catastro que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda utilizando tecnologías de la información y drones han revelado la existencia de 16.975 inmuebles en la provincia de Castelló que no computaban por sus características reales en la tributación del Impuesto de Bienes Inmuebles.
La dirección general del Catastro inició este proceso de revisión en 2013 y ahora se han dado a conocer los datos de los primeros municipios analizados. Para ello, los técnicos del ministerio se han servido de barridos aéreos realizado con drones y de mapas generados con programas de gestión de la información.
El primer listado de municipios analizados en la provincia de Castelló afecta a un total de 44 localidades, entre las que destacan Vinaròs, Borriol, Borriana, Vilavella, Atzeneta y Navajas por sus elevadas incongruencias entre los datos registrados y la actualización realizada por Hacienda.
En este sentido, el porcentaje más elevado se da en Azteneta, localidad en la que el Catastro ha regularizado 860 inmuebles de los 7.683 registrados en el municipio, lo que supone que el 11,19%. Esta cifra es la más elevada del primer grueso de datos de la provincia de Castelló. En la misma circunstancia, el porcentaje de la Vilavella se eleva hasta el 10% de los inmuebles, mientras que en Vinaròs es del 6,77%, en Borriol del 5,2% o en Borriana del 3,81%.
El ministerio ha contabilizado tanto inmuebles urbanos como rústicos y ha determinado cuatro categorías de regularización, basadas en nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones, reformas y cambios de uso y piscinas.
Con estos datos, destaca el elevado porcentaje que registra Les Useres en la desclasificación de las nuevas construcciones. El Catastro ha regularizado 503 inmuebles, el 6,08% de los 8.273 declarados en el municipio, pero destaca que de esa cifra, el 92,5% corresponden a inmuebles de nuevo cuño que no se habían regularizado.
Las nuevas construcciones también han supuesto importantes regularizaciones en municipios como Borriana, con 1.146, Almassora (764), Orpesa (773) y Nules (389).
Entre estas cifras, cabe apuntar que existen municipios con muy poca población en la que los porcentajes de regularizaciones son referencialmente más elevados que en las localidades citadas a modo de ejemplo, pero se han obviado por no ser relevantes para la muestra.
En cambio, cabe destacar las escasas regularizaciones dadas en la ciudad de Castelló, en la que a pesar de su alto número e inmuebles, las actualizaciones apenas suponen el 0,34% del total. En concreto, el Catastro ha regularizado 561 inmuebles en la capital de La Plana de los 164.670 inmuebles registrados.
Piscinas no declaradas
La regularización llevada a cabo por el ministerio de Hacienda se ha centrado también en la declaración de las piscinas como nuevos elementos construidos en el inmueble para proceder a recalcular el Impuesto de Bienes Inmuebles con el elemento incorporado.
De las construcciones detectadas como irregulares, Vinaròs es el municipio que más piscinas no computadas acumula con un total de 862. Esta cifra supone el 30% de los inmuebles regularizados. A la zaga le van localidades como Borriana (458), Borriol (313), Almassora (267) o Segorbe (160).
En este aspecto, aunque el número relativo no es significativo, destaca el elevado porcentaje de regularización de piscinas que presenta la muestra. Por ejemplo, las 34 piscinas de Navajas suponen el 42,74% de los inmuebles actualizados de manera correcta, mientras que en Espadilla son el 25%, el 2,74 en Altura o el 22,22% en Xilxes.
Esta primera tanda de datos afecta a un total de 44 municipios, pero la dirección general del Catastro ya ha aprobado los decretos que inician la actuación de oficio para el resto de la provincia. Hasta el 30 de julio de 2017, el ministerio va a realizar estudios sobre 21 municipios más.
El pasado 30 de diciembre se aprobó el estudio sobre un grupo de 50 localidades cuyo estudio se alargará hasta finales de 2017. Con este cupo, serán un total de 115 localidades castellonenses las que se habrán sometido a esta regularización que impulsó de oficio el ministerio de Hacienda y cuya repercusión en la recaudación local a través del IBI va a tener un importante impacto en las cuentas municipales.
