El anuncio de la modificación de la última ley urbanística valenciana está creando cierta confusión entre los vecinos con viviendas en la Marjaleria de Nules-Borriana, especialmente sobre los que pesan órdenes de derribo, hasta el punto que algunos asesores legales están recomendando a sus clientes que anulen los procesos judiciales puestos en marcha, ante la posibilidad de que el nuevo texto pueda dar una salida legal positiva a su situación. Así lo explicó a Levante de Castelló uno de los afectados, tras firmar la documentación por la que formaliza su intención de paralizar su recurso a los tribunales.
Este anuncio se produce pocos días después de que la Asociación de Vecinos de la Marjaleria de Nules convocara una reunión en la que los asistentes denunciaban que las administraciones locales y autonómica «han sido los primeros responsables por no haber estado vigilando y no haber paralizado las obras en su inicio, como era su obligación», aunque en el momento de denunciar su desamparo, desconocían los detalles del anteproyecto de ley que ya se encuentra en exposición pública y que como defendieron tanto el president de la Generalitat, Ximo Puig, como la consellera de Territorio, Mª José Salvador, «intenta dar una solución realista a los problemas ambientales y socioeconómicos que estas edificaciones comportan».
Aunque el letrado consultado por este periódico aconseja a la decena de casos sobre viviendas de la Marjaleria que abandonen los procesos judiciales porque «solo desde la vía administrativa tendrán una salida», lo cierto es que persisten algunas dudas sobre cómo afectarán las modificaciones en Nules, dado que la totalidad de los afectados no solo tienen sus construcciones en suelo no urbanizable, sino también de especial protección.
Con todo, aunque sin entrar en detalles concretos, en la exposición del anteproyecto se aseguró que «la falta de rigor del antiguo gobierno ha facilitado que en suelos no urbanizables e incluso en suelos protegidos por valores ambientales, se generalizara la aparición de viviendas aisladas sin licencia», donde sí que podría clasificarse el caso concreto de Nules y por lo tanto se entendería que sí que se tiene en cuenta su situación.
El abogado de algunos afectados manifestó su convicción de que «la única solución a este problema siempre ha sido la voluntad política», dado que todo estaría perdido desde el punto de vista jurídico con la actual legislación. Precisamente por ello, y a tenor de las primeras informaciones que llegan sobre la nueva ley, «lo mejor para los afectados es limitarse a seguir con el proceso administrativo y pagar las multas, hasta que se aplique», ya que, en principio, el nuevo marco legal posibilitaría regularizar las viviendas consideradas ahora como ilegales, evitándose el derribo. Con todo, les quedan dudas sobre si la Unión Europea tendría que decir algo al respecto, al tratarse de suelo especialmente protegido, incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
Interrogantes
En este nuevo contexto, surgen interrogantes sobre el proceso de redacción del documento urbanístico sobre el que estarían trabajando conjuntamente los ayuntamientos de Nules y Borriana. De hecho, el primero incluía una partida presupuestaria con este objetivo.
También falta saber si todos los propietarios podrían beneficiarse de estos nuevos requisitos, que impondrían «la aplicación individualizada de la obligación de minimización de impacto ambiental y paisajístico y de dotaciones de sistemas de evacuación de aguas».
Pero sobre todo, faltaría por saber qué pensarán de este nuevo escenario la veintena de vecinos que ya habrían derribado sus viviendas ante la falta de avances al respecto, para de este modo «acabar con el calvario» y evitar seguir pagando las multas coercitivas dado que, hasta el momento, el único horizonte posible era el del derribo.
