El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha recurrido al Comité técnico de expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y de la dictadura en la Comunidad Valenciana y de los supuestos determinantes de excepcionalidad, para retomar su propósito de eliminar uno de los pocos elementos de época franquista que todavía perduran en un espacio público de la ciudad: la cruz de los caídos.

Dos técnicos del comité se reunieron de manera individual con representantes de todos los partidos políticos con representación municipal y con el Centre d'Estudis Vallers (CEV), como entidad social y cultural local, para «valorar y emitir el dictamen preceptivo sobre los restos a los que hace referencia la Ley de Memoria Histórica de 2007», informaron fuentes municipales.

Según el presidente del CEV, Nel·lo Navarro, «nos pidieron nuestra opinión sobre la cruz de los caídos franquistas y, naturalmente, no les dimos ningún parecer». De hecho, Navarro recordó que el CEV «se limitó hace dos años a emitir un informe sobre cuáles son los elementos que se ven afectados por la ley», pero sin manifestarse de ningún modo al tratarse de un centro que se dedica a la investigación.

Según confirmó Navarro, tras la retirada de los escudos que presidían la entrada del IES Botànic Cavanilles y el edificio de Correos, todavía estarían en su lugar la cruz, un escudo franquismo en la iglesia de la Colonia Segarra y las placas del Instituto Nacional de la Vivienda en multitud de casas.

La satisfacción pública por este nuevo paso fue evidente en algunos de los integrantes del equipo de gobierno, en concreto los ediles de EU, que insistieron en una postura que según Antoni Llorente, su portavoz, «hemos defendido tantas veces». El edil aseguró en las redes sociales que la retirada es necesaria «para acatar la Ley de Memoria Histórica y dignificar nuestro pasado y presente».

Por el Partido Popular acudió al encuentro la concejala Gema Domínguez, que defendió que «la cruz debe quedarse donde está, para no abrir viejas heridas que ya debían de estar cerradas». La edila explicó que fue «una entrevista personal, en la que dos personas me dijeron que querían conocer las distintas sensibilidades» al respecto.