El informe que ha elaborado la administradora concursal sobre la Confederación de Empresarios de Castelló subraya que al entidad cuenta con «medios materiales y financieros para continuar con su actividad institucional», pero vincula esta posibilidad a un apoyo de la antigua autonómica (Cierval) al ser el mayor acreedor de la organización. Esta condición complica el futuro de la CEC, ya que la Cierval se encuentra en liquidación y su sustituto (CEV) impulsa un nuevo modelo que elimina las estructuras provinciales y refuerza las asociaciones sectoriales.
La administradora concursal también recomienda otros requisitos como la puesta en marcha de una estructura «ligera y muy profesional», la oferta de servicios empresariales, la captación de nuevos asociados, un posible incremento del importe de las cuotas de los asociados o nuevos ingresos relacionados con la Ley de Participación y Colaboración Institucional.
La gestora ya ha adaptado la CEC a su realidad económica y ha programado un presupuesto adecuado a los ingresos de las cuotas. Sus 160.000 euros no tienen nada que ver con los 800.000 euros anuales de la anterior etapa de José Roca y Rafael Montero. La cúpula empresarial ha planificado una patronal autosuficiente desvinculada de las subvenciones públicas.
Según fuentes de la patronal, la CEC puede seguir siempre que sus asociados se involucren en su funcionamiento. El dictamen de la responsable de gestionar el concurso se enviará al juzgado de lo mercantil.
El documento recuerda que la mayoría de los ingresos de la CEC procedían de subvenciones de cursos de formación y convenios públicos. Representaron en 2013, 2014 y 2015, explica, un 89 %, 85 % y 87 % respectivamente sobre el total de los ingresos de la entidad, mientras las cuotas de los miembros y colaboraciones privadas tuvieron un peso del 7 % en 2013, del 10 % en 2014 y del 8 % en 2015.
La principal causa del «gravísimo deterioro de la situación económica de la CEC», agrega la administradora, se ha debido a los reintegros o paralización de ayudas de la Generalitat. Cabe recordar que una causa judicial investiga un presunto fraude de 1,8 millones en subvenciones de planes formativos de 2008 a 2010.
En los años 2013 y 2014, añade que las mayor parte de las pérdidas estuvieron fundamentalmente motivadas por la excesiva carga de la partida de gastos de personal.
También indica el informe que el decreto-ley de 2015 abrió las subvenciones por formación a los centros homologados y dejaron de acapararlas las patronales y sindicatos.
Para hacer frente al ajuste interno, informa que la CEC ha registrado en los últimos tiempos unos «importantes cambios organizativos, lo que ha supuesto la reducción de su estructura, que ha pasado de los 33 trabajadores que tenía en 2012 a tan sólo tres en la actualidad».
Desde abril de 2016 a abril 2017, remarca que se aplicó un expediente de regulación de empleo que contemplaba una reducción de la jornada de un 50 %. Asimismo, el escrito destaca que la patronal ha cumplido con los vencimientos vinculados con los créditos suscritos en 2015.
