03 de junio de 2017
03.06.2017

La procuradora deja de representar a 5 exvocales de Bancaja por impago

Se trata de Ángel Villanueva y cuatro exconsejeros que representaban a los impositores por el PP

03.06.2017 | 09:16
La procuradora deja de representar a 5 exvocales de Bancaja por impago

La procuradora Mercedes Albi ha remitido al juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que renuncia a la representación de cinco exconsejeros de Bancaja por impago de «las cantidades correspondientes a los honorarios solicitados», según el documento al que ha tenido acceso este diario. El, 28 de junio del año pasado, la juez Carmen Lamela hizo público un auto en el que llamaba a declarar como investigados a 23 exdirectivos de la extinta caja de ahorros valenciana que formaban parte de su consejo de administración el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el 17 de diciembre de 2009, es decir las fechas en las que el citado órgano de gobierno tomó decisiones relacionadas con la aprobación de créditos en operaciones en el Caribe. Lamela acusa a esos exconsejeros de la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y administración desleal.

Todos ya declararon en septiembre de 2006. Entre ellos se encontraban los cinco que acaban de quedarse sin procuradora. Se trata del exsecretario del consejo Ángel Villanueva y de otros cuatro vocales –Héctor Ferràs. María Teresa Montañana, Pepa Martí y Francisco Gregori– que formaron parte del consejo de la caja en representación de la Asociación de Impositores de la Comunitat Valenciana, una organización vinculada al PP que se repartía con la UCE (relacionada con los socialistas) la designación de consejeros por el grupo de impositores, es decir, los clientes.


Costes

Según las fuentes consultadas, cuatro de estos cinco consejeros abonaron un anticipo inicial de 100 euros a su procuradora, pero desde entonces no han satisfecho ninguna otra cantidad. El coste alcanzaría a 3.000 euros por persona. Ángel Villanueva explicó ayer a este diario que la mencionada organización tenía suscrito con la compañía Caser –curiosamente, la de Bancaja era Aseval, primero, y luego Aviva– un seguro de defensa que se ha activado en este caso. El entonces presidente de la Asociación de Impositores aseguró que el pago de los honorarios a la procuradora es una cuestión que tienen que resolver «entre ellos» los abogados y la compañía aseguradora.

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