El anuncio de la Generalitat de que las casas de la Marjaleria de Nules podrían legalizarse a través de su propuesta de modificación de la ley urbanística valenciana (Lotup) no ha sido tan buena noticia para todos los afectados. Quienes tienen sobre la mesa sentencias judiciales ordenando el derribo de sus viviendas no contarán con el amparo de esta normativa, por lo que serán víctimas, según aseguran, de un «grave agravio comparativo».
El artículo 210 modificado en el anteproyecto de ley presentado por la Generalitat lo dice muy claro: «Las sentencias judiciales que sobre las mismas hayan recaído, se deberán cumplir de acuerdo con lo que se disponga en las resolución de ejecución que los tribunales dicten».
En las aclaraciones realizadas por la conselleria de Vertebración a Levante de Castelló, en referencia al caso concreto de Nules, añadieron que «serán los jueces y tribunales a través de las resoluciones que se dicten en los incidentes de ejecución de sentencia los que marquen el criterio a seguir con estas edificaciones». Al menos medio centenar de familias se verían afectados por esta excepción, según explicó ayer una de las implicadas. Se trata de personas que en su día decidieron recurrir a la vía judicial y que ahora ven como quienes prefirieron no hacer nada podrán superar un calvario que para algunos dura una década.
Ante la confusión de las últimas noticias, la asociación de afectados solicitó una reunión con los representantes municipales a la que acudieron el concejal de Urbanismo, Adrián Sorribes y el de Medio Ambiente, Pedro Rubio. Según explicó una de las vecinas con sentencia judicial ,«nos hemos enterado más de la situación por la prensa que por lo que ellos nos han contado», desde su punto de vista porque «siguen protegiendo sus espaldas y no quieren comprometerse en nada, no hablan claro».
La preocupación común de la mayoría de los reunidos fue saber si existiría «algún resquicio legal, alguna posibilidad» para que las viviendas sobre las que pesa sentencia judicial puedan acogerse a las mismas oportunidades que las que no la tienen, que son la mayoría. «Queríamos saber si hay alguna puerta abierta, pero seguimos sin saberlo». Es por ello que estos propietarios esperan poder organizarse y buscar asesoramiento legal.
Mucho más dramática es la situación de la veintena de propietarios que optaron por ejecutar sus sentencias y derribar, o quienes, a pesar de no tenerlas, decidieron demoler cansados de esperar una solución que no llegaba mientras pagaban las recurrentes multas coercitivas emitidas por la Conselleria.
Para ellos, el cambio de postura radical del Consell respecto de su problemática «ha llegado tarde».
Con todo, salvo quienes no quieren resignarse ante la exclusión a la que les somete la nueva legislación, «cientos de propietarios», como reconoció la vecina consultada, estarían de enhorabuena con las noticias que llegan desde el Consell, porque como recordó «muchos no tienen ni expediente abierto». Al preguntarle a qué cree que se debe esta situación, la vecina afirmó que «las denuncias han sido arbitrarias y no han afectado siquiera a viviendas construidas en la misma época».
