06 de junio de 2017
06.06.2017

Castelló reconoce que no tiene suficientes viviendas sociales para familias necesitadas

La PAH consigue detener por segunda vez un desahucio en el Grau y anuncia movilizaciones en la sede central de Bankia

06.06.2017 | 13:30
Castelló reconoce que no tiene suficientes viviendas sociales para familias necesitadas

Marta y su marido compraron la vivienda en 1997. Una casa unifamiliar en la zona del Serradal. Tuvieron dos hijas, que en la actualidad tienen 15 y 18 años respectivamente. El marido abandona a Marta y a la familia en 2011. El país se encuentra en pleno estallido de la crisis económica y las dificultades del acceso al mundo laboral lastran los ingresos.

En consecuencia, se dejan de pagar las primeras cuotas de la hipoteca. Ante esta situación de falta de ingresos y de impago de cuotas, Bankia propone a la familia otro préstamo. Este nuevo crédito cubría las cuotas de la hipoteca que no se pudieran afrontar, durante tres años. Al finalizar ese plazo, la familia seguía teniendo la misma hipoteca y un nuevo crédito de casi 40.000 euros por pagar.

A raiz de los impagos, Bankia inicia el proceso de desahucio en los juzgados, que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consigue parar en septiembre de 2015. Antes, ya se había pedido a la Audiencia de Castelló una moratoria contemplada en la ley. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en marzo de 2012 una moratoria en casos de riesgo de exclusión social.

No obstante, el abogado del turno de oficio no presenta toda la documentación para justificar la situación de esta familia y la justicia rechaza la petición, ratificada por el Supremo. En marzo, el gobierno amplió esa moratoria hasta 2020 y, con ayuda de la PAH, se vuelve a solicitar, pero el abogado comete el mismo error. No adjunta la documentación de la denuncia de Marta contra su ex marido por abandono del hogar. En consecuencia, el juez rechaza la medida porque «desconoce los ingresos de la familia».

El auto está firmado el 3 de mayo, pero hasta la semana pasada el abogado del turno de oficio no avisa a Marta. En una llamada de teléfono, le comenta que el lunes la desahucian. La PAH se moviliza y esta mañana unos 60 miembros de la plataforma se concentran a las puertas del domicilio y consiguen que la comisión judicial aplace el lanzamiento.

La ciudad que iba a romper el círculo de los desahucios se encuentra de nuevo inmersa en el mismo problema.

Desde la PAH han anunciado movilizaciones para este martes en la sede central de Bankia en Castelló. Van a solicitar a la entidad bancaria una vivienda social. Por otro lado, presentarán una queja al decano del Colegio de Abogados contra este letrado y pedirán, otra vez ya que Castelló en Moviment hizo lo propio en 2015, un turno de oficio especializado en ejecuciones hipotecarias.

Los miembros de la plataforma también son muy críticos con los responsables del Ayuntamiento de Castelló, con la alcaldesa Amparo Marco y la vicealcaldesa y concejala de Vivienda, Ali Brancal en el foco de las protestas.

Desde el consistorio apuntan que, en concreto, esta familia no ha acudido a los servicios sociales de la ciudad a solicitar ayudas en materia de vivienda. No obstante, el ayuntamiento sí que es consciente de la situación de riesgo de exclusión social que sufren, ya que en 2015 prometieron medidas sociales en diversos ámbitos; aunque ayer la familia advirtió que no se han materializado.

En cifras, el Ayuntamiento de Castelló dispone de 220 viviendas sociales que actualmente están ocupadas por familias. Así mismo, alrededor de cinco viviendas necesitan una intervención de relativa importancia para que sus condiciones de habitabilidad sean óptimas.

No obstante, cerca de 150 familias están en lista de espera en Castelló con una situación de riesgo reconocida por los servicios sociales y con ayudas en la actualidad por parte del consistorio para que no se agrave la situación. Desde la Oficina de la Vivienda apuntan que se trabaja de modo preventivo con para que algunas familias no se vean en la situación límite de un desahucio, pero reconocen que hasta la fecha no se ha podido ampliar este parque de 220 viviendas. Para ello, se trabaja en un registro de vivienda que permita aflorar casas vacías y poder paliar la situación.

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