El Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado ayer en el Ayuntamiento de Castelló pintó tres retratos de la capital de la Plana: el de los progresos sociales y urbanísticos plasmados por PSPV y Compromís, el de la falta de implicación del consistorio para acabar con el drama de los desahucios planteado por Castelló en Moviment y el del fiasco del Pacte del Grau que vendieron PP y Ciudadanos. Nada fuera del guion previsto.

Quizás por ello la alcaldesa, Amparo Marco, aprovechó para, además de destacar los pasos dados desde 2015 «que han dado un giro a las políticas antisociales que se impulsaban desde el ayuntamiento», anunciar los retos de cara al futuro más cercano. Y entre ellos sobresale un anuncio: la «compra total» durante los próximos meses del antiguo cuartel Tetuán XIV, «una herencia envenenada a la que daremos solución».

Esta adquisición, según señalaron con posterioridad fuentes municipales, está valorada en unos seis millones de euros, dinero que podría ya reservarse en el próximo pleno municipal a través de una modificación de crédito. La realidad del regimiento Tetuán XIV es que, desde el año 2001, está partido en dos, con la mitad de las instalaciones en manos de una emprea privada. Fuentes municipales destacaron que las conversaciones ya están tan avanzadas que el acuerdo prácticamente está cerrado. La propiedad pública del recinto podría desbloquear, por ejemplo, el centro La Pineda de la Asociación de Enfermos de Alzhéimer.

Otro de los anuncios de la alcaldesa fue un plan para «recuperar el talento», para lo que se destinarán unos 250.000 euros dirigidos a incentivar a las empresas que contraten a castellonenses que estén en el extranjero, entre otras cuestiones.

Promesas a un lado, el debate estuvo marcado, sobre todo, por la falta de viviendas sociales y los pasos que está dando el ayuntamiento para hacer efectiva la declaración de «ciudad libre de desahucios». El más duro fue el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, quien le enseñó a la alcaldesa una foto con las concentraciones del lunes y martes para impedir el desahucio de una familia del Grau, algo que finalmente «consiguió la presión ciudadana, no el ayuntamiento». Tras echarle en cara que «esta foto es otro debate del estado de la ciudad», acusó a Marco de «bajeza moral» al considerar que intenta «culpabilizar y criminalizar» a las familias necesitadas. Por ello, insistió en que el tema de la vivienda social sigue sin dar resultados y exigió más esfuerzos en esta materia. «Somos conscientes de las dificultades legales, pero algo debemos hacer contra los desahucios y solo el pueblo salva al pueblo».

El portavoz socialista, Rafa Simó, le contestó a Del Señor que «desde la barrera se ve todo más fácil, pero respetamos sus sobreactuaciones, que incluso llegan a la demagogia». Aprovechó para recordarle a CseM que lo ideal hubiese sido que la formación asamblearia «hubiese cogido también labores de gobierno» e insistió en que el cambio de las políticas sociales en la ciudad «solo se conseguirán si navegamos juntos».

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, subrayó que, tras 4 años de gobiernos populares, «nosotros sí que nos preocupamos por las personas» y reconoció que el gran reto es que «no haya casas sin personas y personas sin casas», aclarando además que solo se ayudará a la gente «si se implican los gobiernos autonómico y central, además de procuradores, abogados y bancos».

La portavoz del PP, Begoña Carrasco, afeó al bipartito que, «anunciasen que habían cerrado el círculo de los desahucios, esta misma semana hemos conocido 4 nuevos casos. Ni tenían antes, ni tienen ahora, la prometida solución y la vicealcaldesa, Ali Brancal, responsable de vivienda, ha sido incapaz de llegar a acuerdos con los bancos, no ha creado la bolsa de vivienda y hasta la Audiencia Provincial le ha recriminado el fracaso del Protocolo Antidesahucios».

Finalmente, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Manuel Paduraru, reprochó a PSPV y Compromís que «mintiesen a los ciudadanos prometiendo un Castelló libre de desahucios o una fiscalidad justa, cuando subieron los impuestos al 60 por ciento de los castellonenses».