«Me niego a seguir tuneando un 600 con la digitalización de la Justicia». Estas declaraciones pertenecen a la conselleria de Justicia, Gabriela Bravo, quien se refirió en una entrevista en el digital Valencia Plaza al atraso endémico de la justicia valenciana respecto a la digitalización de los procesos.
La consellera ha reiterado en diversas ocasiones que el sistema de la justicia está obsoleto en cuanto a la digitalización se refiere y los hechos demuestran que no se ha avanzado en la estrategia de eliminar el papel de la administración de justicia.
A partir del 1 de enero de 2016, la justicia española debía de implementar sistemas electrónicos de gestión para que digitalizar los expedientes judiciales, pero en diversas comunidades autónomas la migración está siendo problemática. Tal es el punto que a principios de 2016 el ministerio de Justicia relevó al director general de Nuevas Tecnologías, Luis Bustamante, por no haber conseguido la digitalización de los juzgados. En este caso, destaca el fracaso en comunidades como Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana. Un caso similar ocurre con los problemas derivados de la implementación del programa LexNet, para la presentación de escritos procesales y notificaciones judiciales.
Desde los sindicatos, apuntaron a que se debe más a un problema con los servidores y con la red que con los propios equipos.
De hecho, Arturo Losada, delegado de Justicia del sindicato de la función pública CSI-F en Castelló, indicaba que «la infraestructura es la que está dañada; se cambian los terminales, pero no se actualizan los servidores ni las redes informáticas y cuando hay una actualización se colapsan».
En concreto, el delegado del sindicato apuntaba que en Castelló «los retrasos son constantes y prácticamente hay caídas del sistema cada semana», aunque no de las dimensiones de la ocurrida ayer.
De hecho, en la propia conselleria de Justicia son conocedores de estas 'caídas' y se mostraron sorprendidos por la repercusión mediática de lo sucedido «porque es una cosa habitual».
