17 de junio de 2017
17.06.2017
Protección social

Los dependientes reconocidos sin ayudas continúan al alza en Castelló

En los dos últimos años las personas con derecho a prestación o servicio y que no la están recibiendo
se han incrementado en 411

17.06.2017 | 12:18
Los dependientes reconocidos sin ayudas continúan al alza en Castelló

El número de castellonenses con la dependencia reconocida y que todavía no han recibido la ayuda aprobada sigue en aumento. En concreto, en los dos últimos años, 411 afectados se han sumado al llamado «limbo de la dependencia». En 2015 eran 1.071 y en 2017 la cifra ha aumentado a 1.482. Este es el balance que ha hecho la Plataforma en Defensa de la Llei de la Depèndencia en Castelló con el que han querido evaluar los dos años de la llegada a la Generalitat Valenciana del Govern del Botànic.

En este tiempo, las solicitudes en la provincia se han incrementado en 1.202 personas (en 2015 fueron 9.189 y en 2017 fueron 10.391), como también lo han hecho en 1.644 las personas a las que se les ha reconocido el derecho (5.204 en 2015 y 6.848 en 2017). Según explican desde la plataforma, «el ritmo de personas que están recibiendo prestación o servicio se ha incrementado pero no lo hace al mismo ritmo que el de personas valoradas, por lo que, paradójicamente, nos encontramos que en 2017 el limbo de las personas dependientes, es decir, aquellas personas que pese a tener el derecho reconocido no están recibiendo prestación o servicio, es mayor en la actualidad».

Desde esta Plataforma entienden que todo cambio de sistema «requiere de un período de adaptación y de consolidación» de los recursos y añaden que, «considerando que este nuevo marco normativo debe situarnos en el buen camino, estos datos han de servir de toque de atención para seguir trabajando y no caer en triunfalismos carentes de todo motivo».

Por otro lado, la plataforma exige, una vez más, que el Gobierno central «cumpla con sus obligaciones de financiación al 50 % como establece la Ley, cuando en realidad solo está aportando el 18 % de media y que en el caso de la Comunitat Valenciana apenas llega al 12 %». La asociación considera que la financiación desde el Gobierno central es algo «fundamental» para poder implementar las nuevas medidas aprobadas en el nuevo Decreto 62/2017 de 19 de mayo, del Consell, por el cual se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Cabe señalar que el decreto unifica toda la normativa autonómica en esta materia y «recoge ampliamente muchas de las reivindicaciones históricas de esta plataforma».

Entre estas reivindicaciones destaca la integración de los servicios municipales de atención a la dependencia en los servicios sociales generales, los más próximos a la ciudadanía, de manera que será posible que el personal con titulación social o sanitaria con acreditación necesaria pueda realizar valoraciones y que, además de los servicios generales municipales, incluye residencias públicas, hospitales de media y larga estancia, unidades de salud mental y prisiones. También incluye el establecimiento de compatibilidades entre prestaciones y servicios facilitando y promoviendo el desarrollo personal y el máximo nivel de autonomía de la persona en situación de dependencia.

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