Con el inicio de la crisis económica empezaron a dispararse los desahucios de viviendas por impagos de las cuotas hipotecarias de personas damnificadas por la crisis.Castelló registró unas 2.000 ejecuciones hipotecarias anuales desde 2009 a 2014. A partir de ese ño se redujo por la moratoria parcial aprobada por el Gobierno central. Sin embargo, este drama social se ha derivado a los alquileres.
«La gente que fue desahuciada luego alquiló y ahí se producen ahora desalojos», explica Paz Beltrán, concejala de Castelló en Moviment y representante de la plataforma antidesahucios de Castelló». Beltrán denuncia que la legislación de arrendamientos favorece más al propietario, aunque recuerda que el colectivo sólo interviene cuando el propietario del alquiler es una entidad bancaria. Si se trata de un particular la PAH no actúa porque «también necesita los ingresos».
De esta manera, la cifra de desahucios no ha menguado pese a los primeros signos de mejora económica. Según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos (desalojos) en arrendamientos ha crecido un 16 % en Castelló en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año pasado.
También ha aumentado la cifra global de lanzamientos en la provincia -de 14 a 338- en este caso se incluyen viviendas, oficinas, naves industriales o alquileres, y desde la PAH sostienen que parte de este incremento se debe a los desahucios producidos por desalojos. Cabe tener en cuenta que las ejecuciones hipotecarias han bajado un 25 %.
La PAH da la voz de alarma con unos desahucios en alquileres que se suelen realizar sin el impacto social de las ejecuciones hipotecarias.
El último en la capital de la Plana se produjo este mismo jueves. El casero inició el procedimiento judicial en febrero ante los impagos. Ayer se conoció el caso. No hubo protestas de la PAH, ya que la asociación se moviliza si el duelo no es un particular porque creen que este último no es culpable de la crisis económica.
La afectada, mientras tanto, tiene asegurado un techo para resguardarse. El ayuntamiento, informó la portavoz, Verónica ruiz, ha ofrecido una solución habitacional provisional. Es una de las 150 personas que están en lista de espera de un piso social y que aguantan con una ayuda para alquiler. CS en Moviment lamentó que el ejecutivo no actuó hasta el mismo día del desalojo. Cabe recordar que el consistorio solamente dispone de 220 viviendas y en estos momentos todas están ocupadas. También se demoran las rehabilitaciones del Consell.
