La Diputación de Castelló aún no ha encontrado un uso alternativo a las cuatro plantas de purines que 'rescató' en enero de 2014 tras fracasar un plan en el que se invirtieron 19 millones de euros de dinero público.
La entidad, ya presidida por Javier Moliner decidió invertir 549.873 euros en la recuperación de la concesión de las plantas de tratamiento de purines que habían sido adjudicadas a la UTE Tetma-Urbaser en 2006 y para una explotación de 25 años.
El proyecto de las plantas de purines se inició a finales de los años noventa por el entonces presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. En concreto, se planificó la construcción de 5 plantas de tratamiento con una inversión de 19.178.296 euros, que fueron aportados por la diputación y por fondos europeos.
De las cinco plantas, en Albocàsser, Salsadella, Sant Mateu, Todolella y Vall d'Alba, solo estas dos llegaron a estar operativas y exclusivamente la de Todolella da servicio en la actualidad, aunque a un nivel de rendimiento ínfimo.
La planta de Vall d'Alba inició su funcionamiento en 2006. Se trata de una instalación de 40.000 metros cuadrados preparada para tratar en planta un volumen de 20.148 metros cúbicos al año, así como podía llegar a tratar 600 toneladas anuales de estiércol de conejo, 2.200 toneladas de gallinaza al año y 1.000 toneladas de virutas de monte.
La actividad, no obstante, se detuvo en 2012 por un cambio de prioridades en el ayuntamiento de Vall d'Alba, gobernado con mayoría absoluta por Francisco Martínez, condenado a 8 meses de prisión y para el que la Fiscalía solicita ahora 11 años de prisión en un nuevo proceso judicial abierto contra él.
En paralelo a la instalación de la planta de tratamiento de purines, el consistorio fue desarrollando un Programa de Actuación Integrada denominado Mas de Lluna, cuya construcción de más de 2.000 viviendas y diversas infraestructuras de ocio colidía con los usos de la planta.
En 2012 la conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras, cuya consellera era la actual líder del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, indicó al consistorio que ambos proyectos no eran compatibles por la afectación medioambiental de la planta Francisco Martínez decidió desvincular el uso terciario de la instalación y puso fin a la actividad.
Al año y medio, en enero de 2014, la diputación inició el ya citado 'rescate' con la intención de replantear las infraestructuras como naves industriales. No obstante, al iniciar este proceso, el equipo de gobierno liderado por Javier Moliner topó con las dificultades administrativas derivadas del hecho de que la planta no estaba registrada.
Tras tres años y medio, la diputación finalmente pudo inscribir la propiedad de la planta de tratamiento de purines de Vall d'Alba. La entidad tuvo que recurrir a un bufete de abogados especializados para lograr la inscripción, que sumó un coste adicional de más de 15.000 euros, según apuntaron fuentes de la oposición en la Diputación de Castelló.
La instalación ubicada en Vall d'Alba tuvo un coste de 6.645.630 euros y tras su puesta en marcha se paralizó su funcionamiento en pocos años. De hecho, tanto el PSPV como Compromís denunciaron un supuesto mal uso de los fondos europeos destinados a una instalación prevista para 25 años y que se cortó a los 10 años. No obstante, ambos partidos confirmaron que la Unión Europea, archivó la denuncia.
Más allá, algunas fuentes indican que la diputación ha entablado negociaciones para dar un uso alternativo a la planta de tratamiento de purines de Vall d'Alba, consiguiendo así la reorientación de las instalaciones. Sin embargo, el destino de las plantas de Sant Mateu, Albocàsser y Salsadella no parece seguir el mismo camino.
