El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, denunció ayer la falta de voluntad del Gobierno central para dar una solución a los problemas de personal que sufren las oficinas de renovación del DNI y Pasaporte de Castelló, Vinaròs y Vila-real.
Tras la denuncia planteada por EUPV y ERPV en esta comarca, Sixto planteó una pregunta a la Mesa del Congreso cuya respuesta confirma lo que padecen estos municipios que, como en otras dependencias del Estado, se encuentran saturadas de trabajo por la imposibilidad de contratar más personal por la Ley Montoro.
«El propio Gobierno afirma que las limitaciones de personal siguen condicionando la prestación del servicio en Castelló de la Plana y Vila-real, aunque añade que se han reducido los tiempos de espera de la cita previa gracias a las medidas de incremento de productividad del personal existente», explicó el diputado, quien añadió que «empieza a ser práctica habitual por parte de las oficinas dependientes del Estado el instar al personal funcionario a realizar horas extras, algo en lo que estamos totalmente en contra y hemos denunciado en numerosas ocasiones».
Además, en la misma respuesta el Gobierno central indicó que «con el fin de mejorar la atención de los núcleos de cobertura del DNI Rural, se ha puesto en marcha un plan de refuerzo por el cual el equipo móvil del DNI de Valencia se desplazará a dar servicio a los municipios del sur de Castelló y este se hará cargo de la parte oeste y noroeste de la provincia, mientras que la parte oriental del Bajo Maestrazgo queda atendida por la oficina de Vinaròs».
«¿Una unidad móvil es la solución que se da a carencia de efectivos y recursos humanos en tres oficinas de la provincia de Castelló? Si se envía el equipo móvil del DNI de València a Castelló, ¿cómo se cubren las necesidades de la propia provincia de València?», preguntó Ricardo Sixto, quien insistió que «son simples parches para evitar afrontar una verdadera solución que sería la dotación de nuevos funcionarios, salida imposible de poner en marcha por la propia Ley Montoro que impide la contratación del personal necesario».
