Unos padres de Vilafranca han acudido al Síndic de Greuges para reclamar el derecho de su hijo autista a la educación inclusiva, puesto que la administración ha derivado al joven, que cumplirá 21 años en unos meses, a un centro ocupacional. Los padres discrepan de la decisión adoptada por la Conselleria de Educación y alegan indefensión para recurrir la misma, según informó el defensor valenciano en un comunicado. Los padres del joven Aleix iniciaron el pasado mes de mayo una campaña de firmas en la plataforma Change.org para que la administración dote de medios que atiendan casos como los de su hijo. «No creemos que exista ninguna legislación que prive de medicación para una enfermedad crónica al cumplir determinada edad», dicen en la carta dirigida al conseller.
Por su parte, el Síndic ha recordado que cuando una persona con Trastorno de Espectro Autista cumple los siete años se da por terminado el conjunto de intervenciones multidisciplinares -neuropediatras, psicólogos, logopedas, terapeutas, entre otras- que se presta en los centros de atención temprana a los niños de 0 a 6 años con problemas de desarrollo. Con el inicio de la etapa escolar, la atención a estos menores pasa a depender únicamente de la administración educativa, una decisión que desde el Síndic «ya se ha cuestionado al entender que se debería suprimir este límite de edad en los casos en los que los facultativos especialistas de la red pública recomienden su continuidad».
El Síndic explicó que la edad límite legal para permanecer escolarizados en centros de educación especial son los 21 años, «situación en la que se encuentra este joven, con TEA, un autismo sin lenguaje, que cumplirá los 21 años en unos meses».
Hasta ahora ha sido alumno de un colegio de educación especial de Castelló, donde ha contado con un profesor de educación especial, un educador compartido con otras seis personas con distintas capacidades y ha conseguido «muy buenos resultados» en la estimulación de socialización y aprendizaje.
Opciones
Llegados a esta edad, y en función del nivel de competencia en autonomía personal y social, la administración baraja tres opciones que serían incorporar a estas personas en un Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial (una formación profesional para personas con necesidades educativas especiales permanentes), y las otras dos opciones son derivarlas a un centro ocupacional o un centro de día.
Los padres del joven están luchando por conseguir que su hijo pueda continuar unos años más formándose en centros educativos. Su madre detalló al Síndic algunos de los «múltiples esfuerzos» realizados durante todos estos años y sus logros por normalizar la vida de su hijo. Lo define como un adolescente feliz. «es un chaval que practica deporte, le gusta la música, sale con un grupo de amigos, eso sí, siempre con monitores o con ayuda de un adulto. Hemos conseguido que vaya al colegio solo, que pueda ir a comprar solo, que viaje...».
Pero el informe emitido por el Servicio Psicopedagógico Escolar señala que el joven «no dispone de un nivel de autonomía personal y social que le permitan el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo en el futuro», un dictamen en el que se basa la Conselleria de Educación para denegarle el acceso al Programa de Cualificación Profesional Inicial Especial y derivarlo a un centro ocupacional. Los padres discrepan con la decisión adoptada y han aportado al Síndic otro informe psicológico que aconseja continuar con su formación académica con orientación y ayuda de personal de apoyo. Los padres pueden ahora solicitar la revisión de la decisión adaptada.
