El abogado defensor del particular que, apoyado por el fondo legal norteamericano The Lawfare Project «dedicado a la protección de la libertad de expresión y los derechos civiles», interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Onda por la moción aprobada en el pleno de febrero de 2016 por la que el consistorio se adhería a la campaña 'BDS contra L'Apartheid Israelí', mostró su satisfacción tras la revocación en el pleno de este acuerdo que se produjo el pasado miércoles 12 de julio.

Hace más de un año, la moción que apoyaba el boicot israelí contó con los votos a favor de Compromís, Onda Sí Se Puede y EU (Los grupos mayoritarios, PP y PSPV-PSOE, y Ciudadanos se abstuvieron).

Sin embargo, el pasado jueves, tras la denuncia de un particular, un total de 20 concejales se postularon a dejar sin efecto aquella propuesta. Solo EU mantuvo la misma postura que en la moción presentada hace más de un año 2016.

El letrado recordó que la primera moción vulneraba los derechos fundamentales, como el de igualdad ante la ley, a que ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, pueda prevalecer sobre el derecho a ser iguales ante la ley; a no poder ser obligado a declarar sobre la ideología, religión o creencias; y al derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones, entre otros.

Opiniones

Según trasladó el abogado a Levante de Castelló, «los acuerdos de boicot que tiene como objetivo a todas las empresas y organizaciones de un país en particular- están adornado de los atributos esenciales de la discriminación más intolerable: cortan las relaciones entre la Administración y los individuos y empresas afectadas no por la particular conducta de éstos, sino por su origen nacional, por el ejercicio de la libertad de comercio o por la libre expresión de opiniones, simpatías o puntos de vista».