02 de agosto de 2017
02.08.2017

El PP critica la política educativa del Consell y pide la dimisión de Marzà

La concejala María España asegura que hay alumnos «sin plaza para ir a un instituto público»

01.08.2017 | 23:05

«La ciudad de Castelló se encuentra sumida en un caos educativo tanto por la falta de instrucciones a los centros debido a la anulación parcial del Decreto de Plurilingüismo, como por la pésima gestión en la adjudicación de puestos escolares que aun hoy deja sin plaza a alumnos para asistir a un IES público». Así lo denunció ayer la concejala popular de Castelló, María España, quien apuntó que en el último pleno, celebrado el pasado 27 de julio, el Grupo Municipal Popular «solicitó a la Conselleria de Educación la inmediata suspensión de la ejecución del decreto 9/2017 del Consell, sobre modelo Educativo valenciano».

Según explica España, «desde su publicación, numerosos organismos y asociaciones educativos han mostrado su oposición a dicho Decreto que vulnera los derechos fundamentales de los menores. Estos argumentos valieron al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para manifestarse en contra de la legalidad de la norma, acordando su suspensión cautelar».

No obstante, «lejos de acatar la decisión judicial, el propio conseller Vicent Marzà recurrió la sentencia, y no solo dicho recurso fue desestimado, sino que queda anulado parcialmente el Decreto, lo que demuestra una vez más que Compromís intenta imponer su hoja de ruta sectaria aunque para ello vaya en contra de las personas y de la Justicia», denunció la edila.

En este sentido, España pide la dimisión de Marzà «por incompetencia e irresponsabilidad». En palabras de la edil, «a su insumisión judicial se suma la inoperancia de la Conselleria de Educación que sigue sin poner soluciones a la adjudicación de plazas escolares y sin dar instrucciones a los centros para preparar el inicio del próximo curso».

«Así, desde el inicio del presente mandato, Compromís y PSOE han vetado un total de 25 iniciativas plenarias en las que el Grupo Municipal Popular exigía mejoras educativas en la ciudad y medidas a favor de la libertad de educación, lo que convierte al equipo de gobierno, y en especial al concejal de Educación Enric Porcar, cómplice del chantaje al que se somete a las familias castellonenses», concluye España.

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