La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por dos funcionarios del Ayuntamiento castellonense de Cabanes contra el actual senador de Compromís Carles Mulet por su intervención como edil en un pleno municipal por supuestas calumnias e injurias.
En esa intervención, Mulet cuestionó tanto la tramitación de un expediente urbanístico, ya que consideraba que habían existido "incumplimientos por parte de una empresa", como también la "diligencia de los funcionarios".
En la querella presentada ante los juzgados de Castelló por los funcionarios -el primero jefe del área de Urbanismo y el segundo arquitecto municipal- se afirmaba que Mulet había dicho que era "gravísimo" que el arquitecto municipal "realice un informe falso, ya que eso es prevaricar para beneficiar a una empresa".
Además, según la querella, el edil de Compromís también aseguró que "habían engañado a la secretaria" y pedía que se llevara el asunto a la Fiscalía porque se estaba "hablando de corrupción". Su condición actual de aforado conllevó que haya sido el Tribunal Supremo quien se haya ocupado del asunto y haya ordenado el archivo.
Según el auto, que ha sido hecho público por Mulet, "las citadas expresiones no tienen entidad y relevancia suficiente para ser subsumibles en un tipo penal". Además asegura que "ha de valorarse el contexto de debate político en una entidad municipal, donde el derecho de la libertad de expresión ocupa papel preeminente".
El auto añade que "es posible que los términos en los que se expresó el querellado no fueran los más apropiados, pero la existencia de un posible exceso en los mismos no es suficiente para su consideración penal".
Mulet ha manifestado en un comunicado sentirse "contento" por el hecho que el Supremo le dé la razón y ha señalado: "Los ayuntamientos están para servir a los ciudadanos y por eso los expedientes y actuación administrativa deben velar escrupulosamente por la colectividad, que es en definitiva su razón de existir, y los ediles en debemos actuar para que eso sea así".
Los promotores de la querella "aprovecharon la permisividad del anterior gobierno municipal de signo popular para cargar la acción judicial contra Mulet al erario público sin que nadie les pusiera un impedimento alguno, hasta que finalmente actuó la secretaría municipal", ha señalado el senador.
