El colegio de arquitectos de Castelló ha alegado contra el nuevo Plan 135 de la diputación de Castelló, que sucede a los antiguos programas de obras y servicios (Poys), al considerar que beneficia a las grandes empresas de fuera del territorio en detrimento de los pequeños profesionales de los municipios de la provincia.

«El sistema elegido por la diputación para efectuar esta contratación, aunque aparentemente pudiera permitir la libre competencia, prima de facto a los grandes despachos e ingenierías ajenas a la demarcación provincial, provocando la alienación de los profesionales locales que, además, son los conocedores de las necesidades de nuestra adscripción geográfica», subraya en el presidente del colegio de arquitectos, Ángel Pitarch, en el escrito de alegaciones presentado a la institución provincial.

Según Pitarch, «la puntuación técnica elegida antepone la existencia de equipos multidisciplinares, cuando la realización de dicho trabajos en muchos casos no se requiere, de este modo se favorece a las grandes firmas y se obstaculiza la libre competencia de los profesionales de Castelló». En segundo lugar, añade, «se realizan lotes de proyectos absolutamente heterogéneos, ya que en uno mismo se integran de arquitectura, ingeniería y otras obras que simplemente podrían gestionarse como compra de equipos». Por último, los arquitectos sostienen que los honorarios calculados para las obras de mayor envergadura «tienen una remuneración muy escasa e insuficiente». «Esta situación se agrava -remarca- en los proyectos menores». Algunos pueden llegar «a liquidarse con solamente 50 euros», insiste la entidad colegial.

El presidente del colegio de arquitectos advierte que con estos pliegos «casi todos los proyectos lo harán empresas de fuera». Se puede dar el caso, apunta, de que una ingeniería de otra provincia haga un proyecto «en Alcudia de Veo sin saber ni dónde está».

Explica que antes de la crisis los antiguos Poys eran redactados por los técnicos de cada ayuntamiento. Luego, prosigue, en la época de austeridad las subvenciones descendieron y los servicios de la diputación asumieron los mismos. «Ahora salen a concurso, pero el problema es que empresas que no son de la provincia harán proyectos en pueblos de Castelló que desconocen», incide Pitarch.

Los arquitectos resaltan que han eludido presentar una impugnación a la citada licitación para evitar una paralización de las obras previstas en el Plan 135, pero quieren poner de manifesto su «absoluta discrepancia» al tiempo que ofrecen su asesoramiento a la diputación.

Cabe recordar que el nuevo Plan 135 recoge una inversión de 12,1 millones de euros para este año a repartir entre el conjunto de municipios de la provincia. Son cuatro millones más que en 2016. A diferencia de ejercicios pasados también comprende a las localidades de más de 20.000 habitantes.

La mayoría de grandes poblaciones ha destinado la partida del Plan 135 a obras o actuaciones de mantenimiento. Sólo la capital de la Plana utilizará este dinero para servicios sociales.