La Diputación de Castelló activó ayer la licitación del nuevo contrato de explotación de la piscina provincial con la idea de mantener las mismas tarifas de la antigua empresa, es decir, 50 euros al mes o 477 al año por usuario. Este proceso se lleva a cabo en medio del pleito que protagonizan la institución provincial y la exadjudicataria (Aiguagest SL). Esta última reclama el pago de 600.000 euros por pérdidas y ha alegado contra la extinción del contrato, mientras la diputación prevé denunciar a la firma por la vía penal al considerar que ha actuado con «mala fe» contra la propietaria de la instalación del Pau Gumbau. Así, mientras se tramita la reapertura, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat ha de ratificar la legalidad de la extinción de la antigua explotación.

Al margen de este enfrentamiento, la diputación acelera el proceso administrativo para reactivar la piscina en la primera semana del mes de septiembre. Un pleno extraordinario aprobó el jueves la licitación del nuevo servicio y ayer el Boletín Oficial de la provincia la publicó. Los planes de la diputación pasan por contratar este año a una empresa puente que gestione las actividades mientras asume el mantenimiento. De cara a 2018 tiene previsto aprobar otra concesión privada. La anterior procedía de 2003 y ha acabado en concurso de acreedores como consecuencia de un desequilibrio económico de 600.000 euros.

PSPV, Compromís y Castelló en Moviment defienden la gestión pública tras el «fiasco» de la concesión privada, mientras la diputación entiende que la concesión privada es más sostenible para las arcas públicas al asumir los costes la empresa adjudicataria, que además abona un canon anual.

Desde la diputación descartan la posibilidad de que el concurso se quede desierto y aseguran la subrogación de los 36 puestos de trabajo en los pliegos de condiciones tanto en el contrato de la empresa puente que se acabada de licitar como en la adjudicación prevista para el próximo ejercicio.

Las tarifas repetirán los antiguos precios. Unos 50 euros al mes para un usuario, a excepción de los prados, pensionistas y discapacitados que gozan de abonos especiales. Para ello ha planificado un presupuesto de 369.000 euros. Su previsión económica contempla unos ingresos de 250.000 euros, con lo que en los cuatro meses que quedan de 2017 la diputación destinará 118.000 euros para el mantenimiento.

Castelló en Moviment duda de que se cumplan estos número al estimar que reabrirá con menos usuarios de los que disponía antes de que la empresa anunciara su concurso. Teme que la diputación se verá obligada a aumentar su partida económica.