El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha estimado los argumentos de la Diputación de Castelló y ha facultado a la entidad para resolver el contrato de la concesión de la Piscina Provincial ante «el incumplimiento reiterado de las obligaciones contractuales» por parte de la empresa concesionaria Aiguagest SL.
Esta resolución desbloquea la situación jurídica de las instalaciones deportivas propiedad de la Diputación de Castelló y posibilita el cumplimiento de los trámites marcados por el presidente de la entidad, Javier Moliner, de cara a la reapertura de la infraestructura en el mes de septiembre.
La empresa concesionaria, cuyo contrato de gestión expiraba en 2023, ha instado de manera voluntaria el concurso de acreedores ante las dificultades económicas que atravesaba y el pasado 31 de julio procedió al cierre de las instalaciones, acumulando deudas con los trabajadores respecto de las nóminas de junio y julio.
El auto del CJC determina «la incautación de la fianza -depositada por la empresa concesionaria- y la obligación de indemnizar a la diputación por los daños y perjuicios ocasionados», según indicó la entidad en un comunicado. De hecho, el presidente, Javier Moliner, anunció al mismo tiempo el inicio de acciones legales contra la empresa al considerar que, a su juicio, existe mala fe en sus actuaciones. «Por parte de la empresa se han atacado y vulnerado los derechos de la propiedad y los trabajadores, he encargado a los servicios jurídicos de la diputación que estudien el inicio de acciones penales contra los responsables de la empresa», aseguró.
En cuanto a los incumplimientos, el CJC ha acreditado el impago del canon anual de la concesión, estimado en 66.000 euros, así como de tasas e impuestos municipales. A este respecto, cabe apuntar que la empresa y la diputación mantienen una disputa legal sobre qué entidad que debe abonar el IBI al Ayuntamiento de Castelló, cuya deuda ascendía en 2012 a más de 160.000 euros y que es una de las causas alegadas por Aiguagest ara acreditar sus dificultades económicas.
El dictamen del Consell Jurídic Consultiu también ha revelado que la Agencia Tributaria ha abierto diligencias contra Aiguagest SL por el impago de deudas con la entidad de recaudación.
