El Ayuntamiento de Castelló sigue avanzando en la negociación para aprobar, por segundo año consecutivo, una rebaja de la presión fiscal. El grupo de trabajo de revisión de las ordenanzas fiscales, tasas e impuestos, constituido en abril de 2016 con representantes de los cinco grupos políticos con representación municipal (PSPV, Compromís, Castelló en Moviment, PP y Ciudadanos), ha celebrado hoy una nueva reunión en la que se ha puesto sobre la mesa la propuesta de rebaja de la presión fiscal para el próximo año a partir de las aportaciones recogidas en los meses previos.
Así, los partidos firmantes del Pacto del Grau plantean aplicar una nueva reducción de los coeficientes del impuesto sobre bienes inmuebles, tanto de urbana como rústica, después de la ya aplicada en 2017. Así, en caso de aprobarse en pleno, el gravamen aplicado al IBI de naturaleza urbana bajaría un 7,69% en 2018, sumándose al 5% de reducción ya aplicado este año. La rebaja para el próximo ejercicio fiscal de 2018 en el caso del IBI rústico sería del 25%, el mismo porcentaje que ya ha entrado en vigor en 2017. También se prevé una reducción de cinco puntos a los inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos mientras que se propone aumentar un 5,56% de aumento a las unidades fiscales del Puerto de Castelló.
Al respecto, el concejal Ignasi Garcia ha manifestado que "esta rebaja afectará a todos los hogares castellonenses, aproximadamente unos 87.000, y a la práctica totalidad del resto de inmuebles de la ciudad como locales, comercios, pequeñas y medianas empresas, etc.".
Estas medidas se enmarcan dentro de la apuesta del Ejecutivo local de primar los criterios de progresividad y justicia fiscal en el pago de impuestos y tasas. De esta manera, no solo se reduce progresivamente la carga de la presión fiscal a toda la ciudadanía sino que se impulsan las medidas necesarias para que paguen menos los que menos tienen.
En cuanto a las bonificaciones, se propone una mejora de los criterios de progresividad con la incorporación de nuevos tramos en la bonificación por ingresos. De esta manera, se mantiene la bonificación máxima del 90% (60% por ingresos y 30% por valor catastral) pero mejorando la progresividad en la distribución de las bonificaciones a familias numerosas.
También se ha planteado seguir aumentando las bonificaciones del IBI Cultural, el IBI uso social y el IBI uso renovables. Así, se propone elevar al máximo legal la bonificación del IBI Cultural del 30% aprobado en 2017 al 95% con el objetivo de compensar la subida del IVA. Esta bonificación se aplica a inmuebles con actividades culturales como librerías, teatros, salas de cine, galerías de arte, salas de concierto y aquellos que se destinen a la producción y representación cultural.
El mismo aumento de la bonificación se propone para las bonificaciones a aquellos inmuebles que se destinen a uso social (cesión gratuita o alquiler social a familias en riesgo de exclusión social o en proceso de inclusión). Así se pasaría del 30% de bonificación que se estableció por primera vez en 2017 al máximo legal del 95%. En cuanto al IBI por el uso de renovables, también se apuesta por establecer el máximo legal del 50%, frente al 25% que se ha aplicado por primera vez este año 2017. De esta manera, se quiere potenciar el uso de instalaciones para el aprovechamiento eléctrico de la energía proveniente del sol.
Garcia ha querido recordar que "el actual equipo de gobierno siempre ha hecho esfuerzos para mantener la presión fiscal y no aumentarla en la parte del recibo en el que nosotros podemos incidir, mientras que la parte que depende del gobierno central y de la revisión catastral que realizó el Partido Popular en su momento continua incrementándose porque se hizo tarde y mal".
También se plantea por primera vez una reducción del coeficiente que se aplica al impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO). El Ayuntamiento de Castelló plantea rebajar un 6,67% el coeficiente (pasaría del 3,75% al 3,50%) con el objetivo de incentivar las pequeñas obras de reforma y adecuación. Esta reducción se suma a la bajada del precio de casi todos los módulos para adecuarlos a la realidad del mercado, tanto de los materiales como de la mano de obra, tomando como referencia la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificación.
Por último, se ha propuesto una congelación de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos con carácter general y se mantiene una cuota híperreducida a aquellas familias en riesgo severo de exclusión social ampliando la fecha límite para su solicitud hasta el 1 de junio. La bonificación de la tasa de basuras para las familias numerosas se mantiene en el 15%.
