La situación de incertidumbre sobre las viviendas construidas a lo largo de los años en la Marjaleria de Castelló va camino de estabilizarse dentro de la legalidad tras la apertura por parte del consistorio a la integración del Plan Especial de la Marjaleria en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Castelló, que se encuentra actualmente en fase de consulta.

La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el concejal de Urbanismo, Rafa Simó, se reunieron este lunes con los representantes de la Asociación de la Marjaleria para abordar las cuestiones pendientes entre administración y administrados.

Al igual que en muchos entornos húmedos de la costa castellonense, desde la década de los años sesenta se han ido construyendo viviendas que con el tiempo pasaron de ser casas de aperos a residencias permanentes sin la tramitación legislativa correspondiente, a veces por imprudencia de los propietarios, pero también por desconocimiento y falta de atención de los consistorios. Desde hace 28 años, la Marjaleria de Castelló ha reclamado la legalización de las viviendas y su adecuación como tejido urbano, con servicios correspondientes al tipo de IBI aplicado.

En este sentido, desde la asociación de vecinos, su presidente Rogelio Molina lamenta que «desde 2006 no se ha desarrollado nada». El plan fue redactado por el Ayuntamiento de Castelló y aprobado por la Generalitat y desde esta asociación se reclama que ninguno de los 90 planes parciales se ha puesto en marcha.

En la reunión celebrada ayer se abordaron aspectos relacionados con la cesión de terrenos por parte de los propietarios para que se puedan llevar a cabo las acometidas y las infraestructuras de servicios básicos que reivindican algunos de las viviendas.

A este respecto, destaca que la demanda va más allá de la consolidación de las viviendas, debido a que la propia asociación considera que se trata una cuestión encaminada con el nuevo PGOU. Así, se reclama «la adecuación de los servicios al IBI que nos cobra el ayuntamiento», según apuntó el propio Rogelio Molina, quien aseguró que «aquí, los IBI que se pagan rondan los 1.000 euros».

En el horizonte de ambas entidades se encuentra el proyecto de desarrollo como vial urbano del Camí la Plana, que conecta el Grau de Castelló con la parte noreste de la ciudad a través de la Marjaleria. Esta infraestructura, cuyo coste se estima alrededor de los cinco millones de euros es uno de los que está en la cartera de proyectos del consistorio. No obstante, se trata de una obra cuyo encaje presupuestario presenta dificultades por las especificidades que demandan las inversiones financieramente sostenibles y por la importancia del desembolso económico.

De la misma manera, entre las demandas se sitúa también la mejora de las condiciones y del servicio del ambulatorio de la Marjaleria y también la construcción de centros escolares.

El representanta de los vecino, Rogelio Molina, cifra en cerca de 5.600 viviendas las que actualmente están construidas en este entorno y aunque algunos propietarios comparten residencia con otros barrios de Castelló, «cada vez son más los niños residentes en la marjaleria», según asegura Molina.

La zona es objeto de numerosos planes de actuaciones urbanísticas y en la actualidad se han iniciado los trabajos preparatorios en la Primera Travessera para acometer la obra del colector, que financia la conselleria de Medio Ambiente. Estos primeros trabajos consisten en la limpieza del terreno y en el desvío de acequias, para facilitar la ejecución de las obras, según indicaron desde el Ayuntamiento de Castelló.

Esta obra tendrá un coste de 400.000 euros y su planificación pretende mejorar el drenaje de la Marjaleria y poder prevenir de esta manera las inundaciones que se repiten en periodos de lluvias intensas y temporales, como los ocurridos en 2016.