La Diputación de Castelló notifica a la antigua concesionaria de la Piscina Provincial, Aiguagest SL, la liquidación definitiva del contrato de gestión. Así lo decidieron este martes después de que el presidente de la diputación, Javier Moliner, y el diputado de Deportes, Luis Martínez, se reunieran con los técnicos jurídicos de la administración para analizar la situación del complejo deportivo después de que la empresa que lo gestionaba haya recurrido la rescisión del contrato .

El diputado responsable del área explicó que esta decisión se sustenta en base a lo dictaminado el pasado 7 de agosto por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana al resolver que era procedente el proceso de resolución del contrato ante los incumplimientos de la empresa, que «han llevado a no pagar los cánones establecidos a la Diputación, ni las tasas e impuestos municipales e incluso la Agencia Tributaria ha abierto una diligencia de embargo por otras deudas», según indicó la diputación en un comunicado.

Del mismo modo, la institución reclamará de nuevo a la antigua concesionaria las llaves de la Piscina Provincial «para que en cuanto la justicia resuelva el recurso interpuesto por la rescisión del contrato la actividad regrese de inmediato a la piscina», tal y como indicó Javier Moliner.

En este sentido, el diputado de delegado de deportes, Luis Martínez, lamentó que, a su juicio, «los impedimentos judiciales que está poniendo la antigua concesionaria paralizan la nueva adjudicación y, lo que es peor, impiden que los trabajadores se reincorporen a sus puestos de trabajo y que los usuarios de la piscina puedan hacer uso de sus instalaciones y servicios». Es por ello que el diputado de Deportes emplazó a que «que todo este proceso judicial se resuelva cuanto antes».

Martínez indicó que «desde que la antigua concesionaria incumplió con lo establecido en el contrato, desde diputación hemos dado todos los pasos posibles hacia una nueva licitación y lo hemos hecho con un único objetivo de que este cierre temporal producido por culpa de la antigua concesionaria afecte el menor tiempo posible a trabajadores e usuarios». El diputado asumió que «ahora, es la justicia la que tiene que resolver el recurso».