Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río y diputado provincial del PP, está en el punto de mira de Castelló en Moviment desde hace meses por la creación en 2014 de una empresa mixta de 'pellets' con el 99,5 por ciento de las acciones en manos del consistorio y el resto repartidas entre ocho socios privados, de los que siete son concejales del PP. El pleno de ayer contemplaba una moción de CseM para solicitar la disolución de la citada empresa, una auditoria sobre las cuentas del citado ayuntamiento del Alto Mijares y la dimisión del alcalde, pero acabó con un cambio en el guion, con duros ataques al diputado de la formación asamblearia, Iñaki Vallejo, y con un discurso casi clonado del PP y del PSPV para, prácticamente, querer ridiculizar al representante de CseM.

Vallejo quiso recordar en la sesión plenaria, como denunció la semana pasada, la existencia de un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), emitido en noviembre de 2016, en el que «se desprende la irregularidad en la actuación del Ayuntamiento de Villahermosa» en lo que respecta a «la contratación de siete de sus concejales para integrase entre los ocho socios de la sociedad mercantil de economía mixta». Este informe, que no era vinculante, «tiene un contenido demoledor que solo pasa por la dimisión de Rubio» porque, aunque el fiscal decidió archivar la causa vía penal, «refleja un posible ilícito administrativo». De hecho, CSeM sigue estudiando la opción de presentar un contencioso. Además, añadió Iñaki Vallejo, el CJC animó a Rubio a pedir un segundo informe, este de carácter vinculante, «pero no lo hizo porque, lógicamente, no le interesaba».

El primero en contestar a la formación asamblearia fue el propio presidente de la diputación, Javier Moliner, quien acusó a Vallejo de «perder el sentido» sobre el papel de la institución provincial y «querer convertirnos en un comando de actuación contra la autonomía de los ayuntamientos».

El portavoz popular, Vicent Sales, mantuvo este discurso crítico al considerar que CSeM «nos pide desde la temeridad que disolvamos una empresa pública de un ayuntamiento y que auditemos las cuentas de un consistorio». Así mismo, recordó que fue el propio Rubio «el que solicitó el informe del CJC, que elaboró un dictamen que no cayó del cielo» y desveló que el pasado mes de marzo de 2017 -cuatro meses después de elaborarse el citado informe- «todos los concejales decidieron vender sus participaciones en la citada empresa», de ahí que acuse a CseM de «querer convertirse en juez único, manipular los hechos para dejar entrever irregularidades y no dejar de difamar».

José Benlloch, portavoz del PSPV, se erigió en un curioso defensor de Luis Rubio, infravaloró los dictámenes no vinculantes del Consell Jurídic Consultiu, arremetió contra CseM por llevar el tema de la auditoría al pleno y exigió a Vallejo que «si tiene algo de qué acusar» a Luis Rubio, «que lo pruebe».

El propio alcalde de Villahermosa, que guardó silencio durante el pleno, recordó tras la sesión plenaria que si se decidió crear una empresa mixta fue porque por la Ley Montoro «no se podía crear una sociedad pública como tal». Además, volvió a destacar que desde marzo los concejales ya no tienen acciones para evitar posibles problemas de incompatibilidad. Visiblemente emocionado, Rubio también destacó que todo este caso le está afectando a nivel personal y que los vecinos «están muy dolidos».