La formación asamblearia Castelló en Moviment ha aceptado las condiciones del equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación de Castelló para poder acceder a las explicaciones sobre la gestión de las plantas de purines.
El diputado de la formación Iñaki Vallejo había anunciado la petición en el pleno celebrado este pasado lunes de una comisión de investigación para explicar el fracaso de las plantas de tratamientos de purines construidas durante la época de Carlos Fabra como presidente de la diputación y de Francisco Martínez y Vicent Aparici como vicepresidentes.
Cabe recordar que el proyecto supuso un desembolso de dinero público de 19 millones de euros, entre las aportaciones de la diputación y de la Unión Europea. Se proyectaron cinco plantas, pero solo se activaron las de Vall d'Alba y Todolella. Además, esta última no está registrada correctamente y funciona a un nivel ínfimo, mientras que la de Vall d'Alba se cerró tras dos años de funcionamiento para que la conselleria aprobara el proyecto del PAI Mas de Lluna. Este plan preveía la construcción de 2.000 viviendas, hoteles y un campo de golf y que forma parte de la causa judicial contra el exalcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la diputación, Francisco Martínez, para el que la Fiscalía pide 11 años de prisión.
No obstante, según confirmaron fuentes de Castelló en Moviment, el PP les trasladó que iba a votar en contra de la comisión de investigación en el pleno, con lo que, debido a la mayoría de diputados que ostentan, se bloqueaba la petición. Pero, apuntan las mismas fuentes, el propio PP deslizó que si Castelló en Moviment aceptaba retirar la comisión de investigación, se propiciaría la convocatoria de la Comisión de Crecimiento Económico en la que tres de los técnicos que participaron en la expropiación de la planta de Vall d'Alba.
Recientemente, la diputación ha contratado los servicios de un bufete de abogados especializado para registrar las fincas de Vall d'Alba, Todolella, Sant Mateu, Salzadella y Albocàsser, debido a que no constan los titulares en el registro mercantil y no se podían inscribir a nombre de la diputación tras el 'rescate' de las plantas en 2014. De hecho, esta circunstancia ha impedido que la diputación todavía no ha completado el pago de 543.000 euros a la empresa gestora tras resolver la concesión por el cierre de la planta, según apuntó el diputado socialista, Santiago Pérez.
A este respecto, el PSPV criticó el pacto entre Castelló en Moviment y el PP y anunció que su formación estaba en disposición de apoyar la petición de una comisión de investigación.
Pérez criticó la «falta de transparencia» de la diputación en la tramitación y la gestión de las plantas de purines e indicó que no han sido respondidas las peticiones de información dirigidas al presidente de la institución, Javier Moliner. Más allá, el diputado socialista también indicó contrariado que la diputación no ha aceptado la creación de ninguna comisión de investigación, a pesar, según relató de los casos como los patrocinios del aeropuerto de Castelló, las facturas supuestamente irregulares del Hospital Provincial o el caso de la Depuradora de Borriol.
