El Ayuntamiento de Castelló reubicará la cruz del parque Ribalta para cumplir la Ley de Memoria Histórica. El símbolo erigido por el franquismo se trasladará a otro emplazamiento del término municipal, aunque el proceso, tanto administrativo como logístico, se dilatará en el tiempo. Descartada la opción de «destruir» el elemento arquitectónico, el equipo de gobierno solo contempla una mudanza, como confesó ayer la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, tras la Junta de Gobierno Local, sin que por el momento esté definido el nuevo espacio, a pesar de la voluntad de realizar el cambio al cementerio San José.

El debate sobre la elección de la ubicación durará menos meses que el propio traslado. Antes de retirar la cruz de Ribalta, el ayuntamiento deberá modificar el BIC (Bien de Interés Cultural) que ampara el parque como figura de protección. Al estar incluido el símbolo franquista, será necesario variar el contenido. Y, además, tendrá que contar con el beneplácito de la Conselleria de Educación y Cultura.

Después, habrá que consignar una partida presupuestaria para sufragar la obra, con la consiguiente licitación y adjudicación.

Todo el procedimiento requerirá meses, más cuando estarán implicadas varias administraciones. Por ello, el Ayuntamiento de Castelló no se marca plazos. Ni siquiera contempla la posibilidad de que el nuevo asentamiento de la cruz esté completado antes de que finalice 2017.

Como expresaba Ruiz, «ojalá tuviéramos un museo de la Paz en Castelló donde llevar la cruz. Todo sería mucho más fácil. Lo que tenemos claro y, de eso hemos hoy (por ayer para el lector), es que la cruz se quitará del parque Ribalta».

Junta de Gobierno

Por lo que respecta a la Junta de Gobierno Local, en su despacho ordinario (no hubo extraordinario), lo más llamativo fue la prórroga con Consum para el suministro de vales de compra destinados a la adquisición, por las personas beneficiarias de ayudas de emergencia social concedidas por este Ayuntamiento, de productos para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene. También se aprobaron reconocimiento de las obligaciones contenidas (REC) por un importe de 794.457,94 euros.