El Ayuntamiento de Torreblanca acordó en el pleno ordinario de ayer destinar 94.000 euros para hacer frente a los intereses de demora por el retraso en el pago de las dos últimas certificaciones de las obras de la Carrassa de Mon Rossí, vial que forma parte de las conexiones de los planes urbanísticos Doña Blanca Golf y los sectores I, II y III de Torrenostra. «No entendemos cómo el anterior equipo de gobierno no pagó a tiempo las certificaciones cuando el dinero estaba consignado. Esta decisión política ha costado 94.000 euros a los vecinos», lamentó la concejala de Urbanismo Rosana Villanueva.

El juzgado de lo contencioso administrativo número de 2 Castelló ha emitido una sentencia firme sobre el retraso de estas dos certificaciones de obra. La primera sentencia llegó en febrero de 2016 y la empresa constructora la recurrió al querer que el consistorio le abonara tanto los intereses de demora como la cantidad correspondiente a la retasación de precios. «La empresa quería que la sentencia reflejara todas sus pretensiones», explicó Villanueva, que añadió que en la sentencia firme no se han tenido en cuenta las peticiones que añadió la mercantil y, por ello, asumirá las costas judiciales.

El consistorio acordó en septiembre de 2014 pagar las dos últimas certificaciones de Mon Rossí, correspondientes a exceso de mediciones y al entronque eléctrico. Las certificaciones fueron emitidas por la empresa en junio de 2010 y en septiembre de 2013, respectivamente. El importe total de las dos facturas era de 259.000 euros. Los servicios técnicos no informaron favorablemente para proceder a su pago hasta mediados de 2014. El anterior gobierno del PP defiende estos pagos se acordaron en cuando fueron autorizados por los técnicos.

Prados III, al TSJ

El pleno ratificó la resolución de alcaldía para designar abogado para defender al consistorio en el recurso que interpuso la cooperativa de propietarios del solar del segundo edificio de Prados III, en Torrenostra. La cooperativa, que comprende a 29 propietarios, ha llevado al Tribunal de Justicia de la Comunitat el acuerdo plenario de abril de 2017 por el que se desiste a tramitar el estudio de detalle propuesto por los dueños de la parcela, que solicitaban reorganizar la volumetría del futuro edificio para construir 4 alturas más.

La concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, argumentó que «tramitar el estudio de detalle es aceptar implícitamente el deslinde propuesto por Costas, que abarca una gran extensión de terreno en el Prat y en parcelas privadas. El consistorio alegó contra el deslinde. Tenemos que defender los intereses generales antes que los particulares». Villanueva recordó que el consistorio decidió desistir en esta tramitación hasta que se clarifique como quedará el deslinde de Costas y cuáles serán las consecuencias para el municipio.