El acceso de dos individuos el pasado sábado a la terraza del Ayuntamiento de Castelló para lanzar octavillas y desplegar una pancarta de signo contrario a la concentración que se celebraba en la Plaça Major ha generado una escalada de declaraciones entre los actores políticos de Castelló que amenaza con desbordar los límites de la crítica política.
En el día de ayer, el equipo de gobierno del ayuntamiento emitió un comunicado en el que consideró «grave e irresponsable la utilización política que está haciendo el Partido Popular con el acceso de unos desconocidos a la terraza del edificio municipal», indicando que estas críticas «se dirigen, de forma expresa a la portavoz del grupo municipal popular, Begoña Carrasco».
En este sentido, el concejal de Seguridad Pública, Antonio Lorenzo, afirmó que «la investigación sobre este hecho continúa abierta y es extremadamente imprudente la realización de declaraciones que ponen en cuestión el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», al tiempo que reclamó «lealtad institucional a quienes tienen la responsabilidad política municipal».
Por su parte, el Grupo Municipal Compromís registró en el Congreso a través de la diputada Marta Sorlí diversas preguntas relacionadas con el dispositivo de seguridad preparado por la subdelegación del Gobierno en relación a la citada concentración.
El portavoz de grupo, Ignasi Garcia, manifestó que «queremos confirmar cuáles son los mecanismos y las obligaciones de la subdelegación del Gobierno a la hora de comunicar las concentraciones y manifestaciones a la Policía Local y a la Alcaldía de Castelló». Garcia continuó asegurando que «dudamos que ahora mismo la subdelegación esté actuando con la lealtad institucional que requiere y seria del todo inaceptable que un subdelegado del Gobierno estuviera descuidando la seguridad pública de la ciudadanía por los colores políticos de quien gobierna la ciudad de Castelló». Por su parte, la diputada Sorlí indicó que «el día 30 se produjo una manifestación en Castelló con claras pinceladas fascistas y radicales y queremos saber qué informes se han realizado para poder autorizar dicha manifestación, si se han seguido todos los protocolos de seguridad».
A este respecto, desde la subdelegación del Gobierno en Castelló se apuntó que el derecho de reunión está regulado en la Ley 9/1983, que se ampara en la Constitución sin que sea necesaria su comunicación y que los servicios de información de la Policía Nacional conocían que se iba a desarrollar la concentración e informaron a la Policía Local, a pesar de que la protesta no estaba comunicada.
