Los servicios jurídicos de la Diputación de Castelló no presentaron un escrito solicitando la autorización para la ejecución forzosa de la resolución del contrato de concesión de la Piscina Provincial hasta el 13 de septiembre de 2017. Casi dos semanas después de la fecha comprometida por el presidente de la diputación, Javier Moliner, a los trabajadores de la piscina y a los usuarios para la apertura de las instalaciones. Un hecho que debía haberse producido según su planificación la primera semana de septiembre.
Además, en esa petición realizada con retraso, los servicios jurídicos trasladaron al juzgado una dirección equivocada de la empresa Aiguagest SL, lo que provocó retrasos en la tramitación debido a que no se les pudo comunicar la presentación del escrito para que alegaran, si así lo consideraban, según ha podido conocer Levante de Castelló.
La situación adquiere tintes cómicos debido a que la diputación pidió a la justicia que enviara las notificaciones dirigidas a la concesionaria al propio recinto de la Piscina Provincial, calle Rafalafena 50, sin atender a que las mismas permanecen cerradas desde el pasado 1 de agosto.
Es más, la tramitación urgente habida en el mes de agosto para celebrar un pleno extraordinario, elevar la propuesta de resolución del contrato al Consell Jurídic Consultiu y licitar un nuevo contrato no sirvió para adelantar plazos, debido a que Moliner no firmó el decreto en el que acordaba la resolución del contrato hasta el 5 de septiembre. Y lo hizo después de que la justicia resolviera dos peticiones realizadas en agosto indicando que no existía acto administrativo alguno sobre el que tomar ninguna consideración.
En concreto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Castelló rechazó la petición de la diputación para que se les atribuyera la posesión de la piscina porque no existía acto administrativo de la Corporación Provincial sobre el que el juzgado pudiera pronunciarse.
Durante este periodo, tanto el presidente de la diputación, como el diputado de Deportes, Luis Martínez, han culpado en declaraciones públicas a la justicia y a la antigua concesionaria las dilaciones que impidieron a Javier Moliner cumplir con su promesa, pero sus planteamientos han estado sembrados de equivocaciones. Por ejemplo, el 29 de agosto, aseguraron en un comunicado que la diputación había «tomado el mando» tras una resolución judicial favorable y que se había activado «toda la maquinaria para iniciar los trabajos de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones y el equipamiento». Sin embargo, la resolución del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Castelló reiteraba que no existía acto administrativo sobre el que proceder y que autorizaba una fue una entrada puntual, durante unas horas, para realizar unos trabajos de mantenimiento.
Volver a empezar
Tras esta información, cabe apuntar que la Diputación de Castelló cambió la estrategia judicial el 4 de septiembre, tras comprobar el fracaso del plan inicial diseñado a finales de julio para que se pudiera abrir la Piscina Provincial en septiembre. Es decir, se deshicieron los acuerdos que motivaron el pleno extraordinario del 3 de agosto.
En concreto, se aprobó un decreto de presidencia notificando a la concesionaria la resolución del contrato, se suspendió la adjudicación de un contrato de servicio y se abrió un nuevo contencioso para poder entrar en el recinto en un nuevo juzgado.
