Castelló en Moviment amenaza con un nuevo amago de crisis interna en el seno del Pacte del Grau por diferencias con la política tributaria y deja en el aire su adhesión en el próximo pleno al nuevo paquete de inversiones sostenibles, de 5,1 millones de euros. CseM aprieta al equipo de gobierno por estar en desacuerdo con el formato del recién creado consejo de fiscalidad municipal. PSPV y Compromís abrirán otra ronda de negociaciones con su socio externo, ya que sin su participación se quedarán en minoría en el debate plenario de las inversiones. Como alternativa, el ejecutivo local podría buscar el apoyo de los cuatro ediles de Ciudadanos. CS elude desvelar su voto, pero es indicativo que una de las actuaciones previstas ha sido reclamada por el partido naranja.
El ejecutivo local tiene una semana para convencer a Castelló en Moviment o lograr otros apoyos para aprobar en el pleno los 5,1 millones de las inversiones sostenibles. Este importe procede del superávit de 2016 y entre otras obras está la reforma de la Pineda para su reapertura como centro de alzhéimer, la segunda fase del aparcamiento del Hospital General o la rehabilitación de inmuebles municipales en las calles Huesca y Martínez Tena.
CseM escenificó ayer públicamente su malestar con el gobierno de PSPV y Compromís con una rueda de prensa en la que participaron tres de sus cuatro concejales: Xavi del Señor, Anna Peñalver e Iñaki Vallejo. Afirmaron que su voto favorable a las inversiones está condicionado, no por las obras escogidas, sino especialmente por diferencias con el nuevo consejo fiscal, un organismo creado para potenciar la lucha contra el fraude fiscal y que está integrado por el gobierno municipal. Cuestionan la composición del consejo por no incluir a los grupos de la oposición y sus primeras iniciativas. CseM explicó que el ayuntamiento incidirá en la regularización de vados y consideró que, además de esta cuestión, se debería focalizar la inspección fiscal en el pago que efectúan en el IBI las grandes concesionarias públicas. Vallejo señaló que la inclusión en el catastro de los inmuebles queda a expensas de las mismas empresas mercantiles y defendió, por ello, un mayor control sobre las mismas.
«El tema del consejo fiscal nos preocupa desde el principio de la legislatura. Se trata de una herramienta para redistribuir mejor los tributos y que paguen los que ahora no lo hacen», resaltó del Señor.
Castelló en Moviment también lanzó una advertencia más global a PSPV y Compromís y reclamó más contundencia y celeridad a la hora de aplicar las medidas acordadas en el Pacte del Grau. «Vemos que en ámbitos importantes no pasamos de la cosmética, y el Pacte del Grau apostaba por grandes cambios», indicó del Señor. El portavoz de CseM valoró que se han producido avances tras el cambio de color político en 2015 y subrayó que la formación municipales sigue estando a disposición del Pacte del Grau, pero emplazó a sus socios a dar pasos «más decididos» para cambiar, dijo, la herencia heredada del Partido Popular.
CseM ya ha acordado las ordenanzas fiscales de 2018 con el PSPV y Compromís. Ahora exige una mayor contundencia en el control de las empresas que gestionan las contratas municipales. Este asunto es uno de los leitmotiv de la labor de oposición de la agrupación asamblearia en los últimos meses.
Castelló en Moviment objeta, además, añadió Peñalver, que se destinen 11 millones el pago de la deuda municipal e insta al ayuntamiento a que emule al consistorio de Madrid y haga frente con «valentía» a las restricciones de gasto ordenadas por el Gobierno central.
Socialistas y Compromís citarán a CseM para intentar recuperar el consenso. Sin su concurso tendrían que respaldarse en el Partido Popular o Ciudadanos para sacar adelante las inversiones sostenibles. PP y Cs eludieron ayer concretar su posición.
