La política fiscal ha abierto una grieta entre el equipo de gobierno del PSPV y Compromís con su socio de Castelló en Moviment. En este contexto, el Partido Popular ha ofrecido sus ocho concejales al ejecutivo para que puedan aprobarse en el próximo pleno municipal unas nuevas inversiones sostenibles valoradas en 5,1 millones de euros. CseM condiciona su voto favorables a las mismas a que se permita su inclusión en el nuevo consejo de inspección fiscal. Los populares ya votaron a favor en junio de una modificación de crédito que posibilitó la compra del viejo cuartel de Tetuán XIV, una iniciativa que también vetó la agrupación municipalista.
Castelló en Moviment mantuvo ayer unos primeros contactos con PSPV y Compromís para buscar un punto en común. La formación municipalista, según el edil Iñaki Vallejo, entiende que la operatividad del consejo corresponda al gobierno, pero considera que se ha de articular algún mecanismo que garantice la participación de los grupos de la oposición. «Confiamos en que el gobierno municipal estudie la manera de participar en los trabajos para que la gestión esté a disposición de todos los grupos y de los ciudadanos», afirma Vallejo. CseM resalta que no entra a valorar las actuaciones previstas en las inversiones, sino que pretende dar un toque de atención al equipo de gobierno respecto a la fiscalidad municipal, un asunto que considera esencial en los acuerdos del Pacte del Grau.
Vallejo sostiene que el objetivo de su grupo es «conseguir un trato fiscal justo e igualitario que finalice con los privilegios de las grandes empresas con concesiones sobre inmuebles de dominio público». Resalta que desde abril de 2016 alertan «sobre la falta de coordinación para afrontar el fraude fiscal que más pérdida de ingresos comporta al consistorio». «Mientras el gobierno municipal prioriza el control de vados y ocupación del espacio público, sigue de perfil con lo más urgente; la revisión de los grandes recibos del IBI y su consecuencia en la tasa de basura», agrega.
CseM, continúa el concejal, insta a orientar la «lucha contra el fraude fiscal contra los que más deben, en vez de señalar a los a los ciudadanos, a los pequeños empresarios y a los autónomos, justo los más perjudicados por los recortes en los últimos años». «El discurso de la herencia recibida no tiene más recorrido. Hay que hacer las comprobaciones necesarias para solucionar esta situación, aplicar el IBI y el resto de tasas municipales a todas las concesiones públicas por igual, incluidas la reclamación de las cantidades impagadas, con efecto retroactivo, y crear herramientas de control que impidan que vuelvan a repetirse en el futuro las situaciones de fiscalidad injusta que soportan», recalca el regidor de Castelló en Moviment.
Según CseM, el equipo de gobierno estudiará su propuesta, aunque desde el mismo han contestado que el consejo de fiscalidad excluye a la oposición porque es un órgano de gestión del ejecutivo. Para la formación asamblearia, la cuestión de la inspección fiscal es un tema que compete a toda la corporación.
«Coacción de CseM»
La portavoz del grupo popular, Begoña Carrasco, destaca que respaldarán las inversiones previstas de 5,1 millones para que salgan adelante en el pleno. «No podemos aceptar que la ciudad esté bajo chantaje. El PP siempre ha estado y estará dispuesto a alcanzar acuerdos que beneficien a Castellón y a los castellonenses», sostiene la regidora, que aduce que «ante la presión y la coacción que ejercen otros partidos como Castelló en Moviment, que una vez más pone en jaque una modificación de crédito de más de 10 millones de euros, en el PP actuaremos de forma responsable, poniendo el beneficio para la ciudad por encima de todo».
«No vamos a permitir que las coacciones y los chantajes de un partido irresponsable pongan en riego inversiones como la construcción del centro de alzhéimer», asevera.
