El pleno de la Diputación de Castelló aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno la inclusión en los presupuestos de 2018 la construcción y remodelación de los cuarteles de la Guardia Civil de Onda, Vilafranca y Almassora y de la comisaría de la Policía Nacional en Vila-real. La corporación dio su voto favorable a una moción del PSPV que reclamaba «dar condiciones de vida y trabajo dignas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En este sentido, el diputado socialista Antoni Lorenzo indicó que reiteradamente estas partidas se han ido dejando de lado en los presupuestos estatales y pidió un mayor compromiso al Gobierno de España y además de insistir en las condiciones de trabajo dignas, apuntó que dotar de mejores condiciones aumentaría la eficacia así como las condiciones de atención a la ciudadanía, las cuales calificó en el caso de la comisaría de Vila-real como «inaceptables».

A pesar del apoyo unánime, la portavoz de Ciudadanos, Cristina Gabarda, pidió al PSOE que «si su grupo no apoya los presupuestos en el Congreso no habrá nada de esto que aquí reivindicamos». Por su parte, Castelló en Moviment indicó que es una inversión que hay que apoyar, opinión compartida por Compromís y el PP, aunque en este caso, el diputado Salvador Aguilella quiso patrimonializar las inversiones en función del partido que apoyaba a cada gobierno estatal.

Así mismo, en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, el pleno aprobó con los votos de PP, PSPV y Ciudadanos una moción de este grupo en la que pedían «equiparar los salarios de la Guardia Civil y Policía Nacional a los Mossos d´Esquadra y Ertzaintza». No obstante, la inclusión en la exposición de motivos de amenazas para la seguridad al mismo nivel al terrorismo yihadista, el narcotráfico, la trata de personas y la violencia de género con el «desafio catalán», provocó el rechazo de Castelló en Moviment, Compromís y el propio PSPV, aunque este último grupo votó a favor.

Rechazo a la tasa turística

El pleno también mostró su rechazo a la implantación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana. Una moción del PP insistía en el argumentario de que la tasa supone una agresión al turista y de que el sector valenciano se vería perjudicado por la competitividad de otros mercados. No obstante, el resto de partidos abrieron la puerta a estudiar y debatir en una mesa de negociación qué tipo de tasa se implanta. A este respecto, tanto Compromís, como Castelló en Moviment y PSPV indicaron que la existencia de la tasa podría transformarse en un sello de calidad del destino y en un método de control del intrusismo, del fraude fiscal y una manera de luchar contra la precariedad laboral.

Por su parte, el PP retó al PSPV a demostrar que está en contra de la tasa, como ha manifestado el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, votando en contra de su inclusión como enmienda a los presupuestos.

Nueva solicitud para legalizar el parany

La petición de la Asociació de Paranyers de València, Catalunya, Aragó i Balears (APAVAL) dirigida a la conselleria de Medio Ambiente para estudiar un nuevo método de caza orientado a legalizar el parany contó con el apoyo en el pleno de la Diputación de Castelló por parte de PSPV, PP y Ciudadanos, con la oposición de Castelló en Moviment y con una sonora abstención de Compromís, que da muestras de la confrontación en el seno de la formación que sugiere esta práctica ilegal de caza.

PP y Ciudadanos mostraron su apoyo a la moción presentada por el PSPV y que insta a la conselleria de Medio Ambiente a «autorizar, con todas las garantías necesarias, las pruebas de campo del nuevo sistema de caza denominado «cesto malla». Los grupos reivindicaron la cultura inmaterial ligada a esta práctica y animaron a testar si la práctica confirma que se trata de una caza selectiva para que pueda ser aprobada.

Sin embargo, la Generalitat emitió una resolución ya en marzo de 2017 negando la autorización, que reiteró este septiembre tras el intento de Apaval de movilizar a los paranyers en la época tradicional de caza, que coincide con el mes de octubre.

Fuentes de la conselleria indicaron que no pueden aprobar los estudios porque la Ley de Caza prohíbe utilizar trampas para cazar e indicando que no se puede llevar a cabo una práctica ilegal, argumentada en diversas sentencias judiciales, en aras de la tradición.

De hecho, el diputado del PP, Antonio Cases, desveló que el sistema de «cesto malla» deja hueco para que los pájaros de menor tamaño puedan escapar, pero atorga al cazador la facultad de seleccionar y liberar entre las aves que caen en ella a aquéllas que no sean tordos.