La Diputación de Castelló, el Colegio de Abogados de Castelló y seis de los ayuntamientos más grandes de la provincia activaron este jueves una iniciativa para frenar los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda a la ciudadanía castellonense.
La iniciativa se ha materializado con la firma del convenio de colaboración entre la agrupación provincial de letrados y los consistorios de Benicarló, Borriana, Castelló, Onda, Vila-real y Vinaròs, relativo a la prestación del servicio de asesoramiento y mediación en las reclamaciones hipotecarias contra la vivienda habitual.
El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner puso en valor el acuerdo alcanzado con seis de los municipios con más de 20.000 habitantes de la provincia. «Se trata de un servicio de la mano del Colegio Oficial de Abogados que precisamente busca estar al lado de los que más lo necesitan. A través de este servicio, personas que han tenido problemas hipotecarios reciben asesoramiento y ayuda para evitar situaciones extremas como lo es un desahucio. Es un recurso que ha evitado muchos desahucios, mucha gente que tenía serias dificultades ha podido llegar a un acuerdo con las entidades financieras», argumentó Moliner.
No obstante, el presidente de la diputación consideró el mantenimiento de este servicio puesto que «aunque la situación económica es mejor, todavía hay familias castellonenses que desgraciadamente necesitan este servicio porque por sus circunstancias personales hoy están sufriendo las consecuencias de la crisis, y seguimos estando a su lado de la mano de los ayuntamientos en un ejercicio de lealtad institucional y de trabajo conjunto para prestar un servicio que individualmente sería muy complicado que lo hicieran».
Esta medida antidesahucio permite habilitar en las casas consistoriales de los seis municipios un servicio de asesoramiento jurídico a las deudas de prestamos hipotecarios que no pueden afrontarlos y de mediación entre dichos deudores y sus respectivas entidades acreedoras.
El presidente de la diputación destacó que esta cooperación impulsada con el Colegio de Abogados, y que respalda la entidad provincial con una inversión de 12.000 euros, no se limita a ofrecer asesoramiento a la ciudadanía de los municipios adheridos, sino que su objetivo es el «garantizar la universalización del acceso a este servicio a todos los castellonenses», como concluyó Moliner.
