Es por desconocimiento

Pues bien, si esta misma semana afirmaba a preguntas de los periodistas que estas declaraciones se hacían por ignorancia, desconocimiento o deslealtad institucional, hoy tengo más claro que nunca que todas se deben al desconocimiento de las normas y las leyes. Y más después de lo escuchado en la última sesión del pleno, celebrada este mismo jueves.

De entrada, la solicitud de mi comparecencia en la junta de portavoces para dar cuenta de la investigación policial que se está llevando a cabo del hecho delictivo. La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge en su artículo 301 que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público (€). El funcionario público que revele indebidamente el contenido del mismo incurrirá en la responsabilidad penal que el Código Penal determine». Más claro, agua.

Por otro lado, el derecho de reunión es un derecho fundamental garantizado en nuestra Carta Magna, en su artículo 21, dicho lo cual, todos los organizadores deben comunicar a la Subdelegación del Gobierno la realización de una concentración o manifestación, tal y como marca la LO 9/1983. Una vez recibida la información, se da traslado de la misma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a la alcaldía y a la propia Policía Local, con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes y las personas. En lo que se refiere a las no comunicadas, la Subdelegación no tiene conocimiento previo de su realización, por lo que serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y no el subdelegado, las que coordinarán la actuación con la Policía Local. Por tanto, nuevo error del equipo de gobierno municipal.

Por cierto, igual de no comunicada fue la concentración del día 30 de septiembre por la unidad de España como la del 20 de septiembre, en la que buena parte de los ediles de Compromís se manifestaron en la plaza María Agustina en favor de la independencia y el referéndum ilegal en Cataluña.

Y sigo. Decir que se está utilizando la alerta antiterrorista con fines políticos es una falacia. Si hay algo que preocupa a los españoles, en general, y a este Gobierno en particular, es la seguridad ciudadana. Por tanto, nuestra máxima es garantizar la seguridad de todos los castellonenses. Minimizar los hechos por que lo que se lanzaron fueron octavillas es irresponsable y mezquino. ¿Qué habría sucedido si en lugar de papeles se hubiese arrojado cualquier otra cosa? Y todo desde un edificio público, el más importante en la vida de los castellonenses. Estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista, y no se puede dejar a la improvisación ni el más mínimo de los detalles, porque incluso ante el más exhaustivo de los blindajes, se ha demostrado que el riesgo cero no existe. Por cierto, don Ignasi Garcia, en el nivel 4 estamos desde junio de 2015, no desde los atentados del 11-M, que como lamentablemente sabemos, y sufrimos todos los españoles, ocurrieron en el 2004. Igual usted no lo sabe porque tiene muchos amigos en común con sus socios de Podemos a nivel nacional, y estos solo están de «oyentes» en la Mesa del Pacto Antiterrorista.

Pasaré por alto que un representante de una alta institución, como es el Senado, y militante de Compromís aplauda en una red social la autoría del asalto reivindicada por las BAF detrás de su perfil de Facebook. Allá cada cual con sus actos y sus consecuencias.

Pero desde luego, lo que no es de recibo es que la alcaldesa de Castellón se atribuya la celebración de la Junta Local de Seguridad en materia de terrorismo yihadista. Primero, porque las competencias en esta materia son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en exclusiva. Segundo, porque el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, celebró una Junta Autonómica de Seguridad de coordinación inmediatamente a continuación de los atentados de Las Ramblas en Barcelona, y con posterioridad, siguieron en cascada las de las ciudades de Valencia y Alicante. Y sí, la de Castelló también se celebró a petición del Ejecutivo.

Y más aún. Si la alcaldesa de Castelló quiere celebrar una mesa técnica de dicha junta de seguridad, basta con que la convoque. Le recuerdo que el RD 1.087/2010, por el que se aprueba el Reglamento de las Juntas Locales de Seguridad, en su artículo 12, especifica que la constitución de los órganos de asesoramiento, como son las Comisiones Técnicas, deberán ser acordados por la propia Junta. Y a su vez, la convocatoria de ésta, siempre es a petición de la presidencia de la misma, es decir, de doña Amparo Marco, que según artículo 7 tiene como atribución convocar las sesiones y fijar el orden del día de las Juntas y de los órganos de asesoramiento que de ella emanen.

Desde el ayuntamiento, también se han aireado las cartas que se remiten a esta subdelegación, por cierto sin registro de salida de la institución, por lo que no pasan de ser un mero papel al que si se le da contestación es por respeto a los ciudadanos de Castelló.

Y por último, no me parece una justificación digna de un munícipe excusar la aplicación de medidas de seguridad alegando que son las mismas que había 24 años atrás. La coyuntura ha cambiado y los medios técnicos también.

Muchas son, por tanto, las cuestiones en las que se ha incurrido en error durante todos estos días acerca de un hecho del que me reitero en calificarlo como de extrema gravedad. Quiero pensar, insisto, que estas ideas se han difundido por desconocimiento y por no consultar a los grandes profesionales de los servicios jurídicos que hay en la casa. Yo no le voy a pedir el equipo de gobierno que explique qué medidas va a aplicar para mejorar la seguridad del Ayuntamiento de Castelló.

No vamos a dar pistas a quien no las tiene que conocer. Pero lo que sí que quiero es que los miembros del equipo de gobierno hablen menos, y hagan más. Los castellonenses bien lo merecen. Yo, como subdelegado del Gobierno en Castelló, y responsable último de la seguridad ciudadana, voy a preocuparme de que así sea.