El Ayuntamiento de Castelló, con el actual equipo de gobierno que integran PSPV y Compromís, y el Aeroclub parecen condenados a entenderse, aunque las distintas velocidades con las que caminan para llegar a ese esperado punto de encuentro provoca que el tema haya tenido que volver al terreno judicial.
Fuentes municipales confirmaron ayer que el ayuntamiento y la directiva del Aeroclub «están en permanente contacto y mantienen un diálogo fluido» con respecto al futuro del aeródromo. Por ello, aseveran que «desde el Gobierno municipal hay una voluntad total de alcanzar un acuerdo», que pasa por «estudiar la forma de regularizar un convenio entre las partes sobre el uso del suelo».
Es la respuesta del consistorio a la decisión del Aeroclub de reactivar un contencioso administrativo contra el ayuntamiento que quedó en punto muerto hace dos años -por decisión de la propia entidad deportiva- por el cambio político en 2015 y las expectativas abiertas para un acuerdo definitivo entre las partes en defensa de la actividad aeronáutica en el Grau.
Como ha venido publicando este diario, el Aeroclub inició en su momento el contencioso administrativo contra el consistorio para dejar sin efecto la orden de desalojo de las instalaciones impulsada por el Partido Popular en 2011 en un acuerdo plenario. El primer triunfo de la entidad deportiva fue lograr unas medidas cautelares por las que se anulaba esa orden de desalojo a la espera de una sentencia final. Pero todo cambió con el panorama político que dejaron las elecciones municipales de 2015. El apoyo de la alcaldesa, Amparo Marco, y del concejal de Ordenación del Territorio, Rafa Simó, a la actividad deportiva y turística del aeródromo dio un giro al conflicto.
El problema ha venido ahora cuando, al cumplirse un plazo de dos años, y sin convenio firmado, el Aeroclub debe retomar la vía judicial de nuevo si no quiere perder esa paralización cautelar del desalojo que dictó el juez, ya que el caso quedaría cerrado judicialmente.
Situación heredada del anterior mandato
Sobre este aspecto, desde el equipo de gobierno insisten en que ese contencioso «es consecuencia de una situación arrastrada en el anterior mandato, cuando el anterior equipo de gobierno pretendió echar al Aeroclub para desarrollar un fantasioso e irreal proyecto de Ciudad de las Lenguas». Es más, añaden que «el Aeroclub está en su derecho de defender sus intereses por la vía que estime necesario y el ayuntamiento, cómo no podía ser de otra manera, lo comprende y lo respeta».
Con todo ello, «el ayuntamiento está ultimando una solución administrativa para esa nueva relación que se pretende con el Aeroclub, de manera que se elimine la precariedad en el uso de unas instalaciones consideradas esenciales para el turismo deportivo de Castelló».
