Eugenio Granjo, presidente del Club Granjo de l'Alcora, lleva dos años compaginando su cargo de entrenador y organizador de competiciones de taekwondo en toda España con una batalla legal contra la actual directiva de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) que espera pronto llegue a su fin.

El técnico castellonense interpuso una denuncia en octubre de 2015 contra la cúpula del organismo federativo, a la que se sumaron la Federación Gallega de Taekwondo y la Fiscalía Anticorrupción, y que acabó con la detención del actual presidente, el alicantino Jesús Castellanos, en junio de 2016. De dicha denuncia desencadenó la correspondiente investigación hacia el presidente y parte de su junta directiva por la posible comisión de hasta cinco presuntos delitos diferentes: fraude a las subvenciones, malversación de caudales públicos, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental.

«Hay muchísimas pruebas que demuestran que se han cometido una serie de presuntos delitos y los que los han cometido han de pagar por ello. Hay pruebas de que presuntamente se han falseado facturas de subvenciones del Consejo Superior de Deportes (CSD) y más de 30.000 correos electrónicos en los que se comprueba que las cosas no se estaban haciendo por la vía legal», explica Granjo.

Pero, además de esta investigación, Castellanos también se enfrenta a un procedimiento administrativo originado por otra denuncia del entrenador castellonense ante el CSD que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) calificó de «infracción muy grave» y abrió el correspondiente expediente disciplinario hacia el presidente del RFET.

Todo apuntaba a que el CSD inabilitaría a Castellanos antes de que se conociera la condena, en caso de haberla, al igual que sucedió con Ángel María Villar en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, el TAD ha optado por esperar a la respuesta del juzgado antes de tomar una decisión. «En España la justicia es lenta, pero constante, y durante la investigación están saliendo cada vez más pruebas que confirman los presuntos delitos», explica Granjo una vez alzado el secreto del sumario del caso.

Pero, mientras la resolución judicial llega y amparado por el poder que tienen, a Granjo le están haciendo la vida imposible y ya le han intentado quitar la licencia hasta en dos ocasiones. En este sentido, el presidente del Club Granjo explica que «han intentado sancionarme en dos ocasiones, pero el TAD ha fallado a favor mío. Y, fruto de estas actuaciones, les hemos puesto dos querellas más. La gente, a raíz de todo esto, intenta hacerte el vacío y siempre se posiciona a favor del fuerte, que en este caso es él». Y es que la persona que firma las resoluciones contra Granjo es José María Pujadas, secretario de la RFET que también está siendo investigado.

El tema de los presuntos delitos cometidos en la federación ha saltado hasta el Congreso de los Diputados, donde ya se han registrado distintas preguntas por parte del Grupo Socialista. Mientras, el CSD espera el informe de la Abogacía del Estado para aplicar la suspensión cautelar de Castellanos si así lo considera.